Giuseppe Rinaldi
La diplomacia comercial uruguaya vive horas de definiciones clave que trascienden los despachos oficiales y llegan directamente a los galpones de las fábricas. Este martes, la cúpula del PIT-CNT mantuvo un encuentro de alto nivel con la ministra de Relaciones Exteriores interina, Valeria Csukasi, para profundizar en los detalles del acuerdo con la Unión Europea. La reunión, que también contó con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, tuvo como eje central la preocupación por la soberanía productiva y el futuro de los puestos de trabajo en el sector secundario de la economía nacional.
Tras el intercambio, el dirigente de Fenapes, José Olivera, fue el encargado de transmitir las primeras sensaciones de la central obrera ante la prensa. Olivera señaló que, tras meses de hermetismo, algunas cuestiones fundamentales en concordancia con la Unión Europea comienzan a clarificarse para los actores sociales. El texto del tratado ya fue publicado en el portal oficial de la Cancillería, y ahora el movimiento sindical aguarda con expectativa los resultados de un estudio de impacto que está realizando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para identificar ganadores y perdedores.
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La visión de los industriales sobre el acuerdo con la Unión Europea
Por su parte, Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, calificó la instancia como «muy positiva», destacando la apertura del Gobierno para «aterrizar» los planteos técnicos en los núcleos industriales. Para Dárdano, y tal como lo indica la Unión Europea no debe ser visto meramente como un trámite aduanero, sino como un desafío que pone a prueba la capacidad de planificación del Estado uruguayo. El dirigente subrayó la necesidad de generar ámbitos de intercambio permanentes para que los beneficios de la apertura lleguen a la sociedad en su conjunto y no se queden en los sectores exportadores de materias primas.
Uno de los puntos que genera mayor fricción y dudas es la asimetría en los plazos de desgravación arancelaria contemplados en el texto. Mientras que la Unión Europea deberá eliminar sus aranceles en un período de cuatro años, el Mercosur contará con un margen de 15 años para adaptarse a la competencia del viejo continente. A pesar de esta aparente ventaja temporal, desde el sector sindical advierten que el tiempo se desploma si no hay una política industrial activa que acompañe el proceso, evitando que en sintonía con la Unión Europea termine por liquidar a las pocas fábricas que aún resisten en el país.
El fantasma de la primarización y el recuerdo del Mercosur
Dárdano no ocultó su preocupación por lo que calificó como la «sangría de cierre de fábricas» que viene sufriendo el Uruguay en los últimos años. Recordó con amargura que, durante la creación del Mercosur en la década de los 90, se perdieron miles de empleos porque no hubo una preparación adecuada de la industria nacional frente a la competencia regional. El temor es que el acuerdo a lo establecido por la Unión Europea repita ese esquema, profundizando un modelo económico basado exclusivamente en la exportación de productos primarios sin valor agregado, dejando a los sectores más vulnerables de la sociedad sin oportunidades laborales calificadas.
Para los sindicatos industriales, el objetivo de este 2026 es consolidar una «hoja de ruta» de mediano y largo plazo que permita transformar el riesgo en oportunidad. Se busca que el país pueda aprovechar el acceso a tecnología e inversiones europeas para modernizar sus procesos, en lugar de simplemente abrir las fronteras a productos manufacturados del exterior. La defensa de la producción nacional se vuelve, bajo este prisma, una cuestión de Estado que requiere el compromiso de todos los partidos políticos y actores sociales involucrados en el acuerdo con la Unión Europea.
Perspectivas y diálogo hacia el futuro inmediato
La reunión en Cancillería dejó abierta una puerta al diálogo que el PIT-CNT pretende transitar con firmeza. La información recibida este martes permite a los técnicos de la central empezar a desmenuzar la «letra chica» del tratado, comparando las condiciones de acceso a mercados con las necesidades de las ramas industriales uruguayas. El compromiso de las autoridades de mantener ámbitos de consulta frecuentes fue recibido con conformidad, aunque los dirigentes aclararon que la vigilancia será constante para asegurar que el acuerdo con la Unión Europea no redunde en un perjuicio para los trabajadores «más jorobados».
En definitiva, Uruguay se encuentra ante una encrucijada histórica. El éxito o el fracaso de esta integración dependerá de la capacidad de los negociadores y de los planificadores para proteger el entramado social y productivo local. El acuerdo con la Unión Europea es ya una realidad jurídica y política que está en marcha, y la sociedad uruguaya deberá decidir si se conforma con ser un simple proveedor de alimentos o si aspira a ser un país en desarrollo con una industria pujante y competitiva.
¿Logrará el Gobierno uruguayo equilibrar los beneficios de la apertura comercial con la necesaria protección del empleo industrial ante la inminente vigencia del acuerdo con la Unión Europea?