Beatriz Larraya
Pago de la patente: lo que parecía una conquista de libertad para el contribuyente uruguayo está a punto de ser borrado de un plumazo por la voracidad fiscal de los gobiernos departamentales. Tras apenas un par de años de vigencia de una ley que prohibía condicionar el cumplimiento de los tributos al pago de sanciones administrativas, el Congreso de Intendentes ha decidido «volver al viejo sistema». Esta movida, que ya cuenta con un acuerdo político firme, pretende que ningún ciudadano pueda realizar el abono anual o mensual de su vehículo si mantiene una sola multa de tránsito pendiente en el sistema.
La iniciativa para condicionar el pago de la patente es liderada por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien no oculta que la motivación principal es tapar el agujero financiero de la capital. Según datos de la propia comuna, el déficit existente se ve alimentado por una morosidad en las multas que los jerarcas consideran inaceptable. Para las administraciones de Montevideo, Canelones y Maldonado, el parque automotor es una «vaca lechera» que no piensan dejar de ordeñar, incluso si eso implica forzar interpretaciones legales para saltarse el espíritu de la normativa nacional vigente desde 2023.
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El Sucive y el retroceso en el pago de la patente
Bajo el argumento de un «cambio metodológico» y de eficiencia administrativa, el sistema del Sucive volverá a funcionar como una aduana interna. El pago de la patente dejará de ser un trámite independiente para convertirse nuevamente en un mecanismo de extorsión legal: o pagás la multa (muchas veces aplicada por radares de dudosa calibración) o no tenés permiso para circular. Bergara ha sido claro al señalar que los niveles de morosidad son elevados precisamente porque la ley actual «despegó» ambos conceptos, permitiendo que la gente priorice sus impuestos por sobre las sanciones.
Esta decisión de entorpecer el pago de la patente ignora que muchos ciudadanos mantienen litigios por multas injustas o errores en el sistema fotográfico. Al volver a atar ambos pagos, las intendencias anulan de facto el derecho al pataleo del conductor, quien se verá obligado a transar para no quedar fuera de regla con su vehículo. Es un retroceso institucional que prioriza la caja municipal por sobre el derecho del contribuyente a separar una deuda impositiva de una supuesta infracción de tránsito que aún podría estar en etapa de descargo.
Montevideo y la caja del pago de la patente
La Intendencia de Montevideo estima que en 2024 dejó de percibir unos 2,5 millones de dólares porque un escaso 3,27% de los empadronados decidió realizar el pago de la patente sin regularizar sus multas. Aunque la cifra parezca marginal en el presupuesto total de una ciudad que recauda millones, la desesperación por el déficit lleva a la administración de Bergara a presionar al resto de los intendentes del interior. Lo que para un departamento pequeño es una anécdota, para el eje Montevideo-Canelones-Maldonado es una cuestión de supervivencia de sus elefantiásicas estructuras burocráticas.
La estrategia para forzar el pago de la patente junto con las multas se está cocinando en las comisiones técnicas del Sucive. No es casualidad que este anuncio surja en un momento donde las cajas municipales crujen. El ciudadano de a pie, que ya soporta una carga impositiva asfixiante y combustibles a precios de Europa, ahora deberá enfrentar nuevamente la imposibilidad de estar al día con sus impuestos si no tiene el resto de sus cuentas «limpias» ante los ojos del inspector de turno o el radar de la esquina.
Un sistema que castiga el pago de la patente responsable
Resulta paradójico que se castigue a quien quiere cumplir con el pago de la patente. Al bloquear el sistema, las intendencias empujan a muchos conductores a la informalidad total: si no pueden pagar la patente porque la multa es impagable, terminarán circulando sin ninguna de las dos cosas. Esta política de «todo o nada» ha demostrado en el pasado que solo sirve para engrosar los registros de morosidad y generar convenios de pago interminables que nunca se terminan de cancelar, alimentando un círculo vicioso de deudas.
La resolución que afecta el pago de la patente se implementaría en los próximos meses de este 2026. Los intendentes argumentan que la ley anterior fue un error que desincentivó el respeto por las normas de tránsito, pero la realidad es mucho más cínica: necesitan el dinero ya. En lugar de mejorar la gestión del gasto o buscar formas de financiamiento más creativas, las comunas prefieren volver a la vieja técnica de tomar de rehén el documento del auto para asegurarse de que nadie se escape de pasar por caja.
¿Es ético que las intendencias utilicen el pago de la patente como una herramienta de cobro compulsivo para multas que, en muchos casos, ni siquiera han sido notificadas correctamente al conductor?