Deuda de Venezuela con Conaprole: estas cuatro palabras resumen una de las mayores estafas comerciales que ha sufrido el sector productivo uruguayo y, hoy, también simbolizan la capitulación del actual Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El ministro Alfredo Fratti sacudió las estructuras del campo al declarar, con una ligereza pasmosa, que el dinero adeudado por el régimen de Maduro está «perdido». Estas expresiones no solo caen como una afrenta a la soberanía comercial del país, sino que dejan a la intemperie a miles de familias que dependen del precio de la leche para subsistir.
La reacción de las gremiales no se hizo esperar, calificando los dichos del secretario de Estado como «fuera de lugar». No es para menos: estamos hablando de una cifra que, entre capital e intereses por daños y perjuicios, escala a los 60 millones de dólares. Mientras los tamberos uruguayos reman contra los costos de producción y las inclemencias climáticas, el jerarca encargado de defenderlos parece haber decidido que es más fácil bajar los brazos que exigirle cuentas a un aliado ideológico del pasado.
El desprecio oficial hacia el pequeño productor
Para Álvaro Quintans, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), que un ministro considere que la cuenta impaga de Venezuela con Conaprole es un caso cerrado resulta, cuanto menos, preocupante. Hay que recordar que detrás de la cooperativa no hay una corporación anónima ni capitales extranjeros golondrina, sino el trabajo de 1.400 productores nacionales. El 80% de quienes integran Conaprole son familias y pequeños tamberos para quienes ese dinero representa la diferencia entre seguir produciendo o cerrar el tambo definitivamente.
La «entereza» con la que Fratti despacha el asunto deja en evidencia una desconexión total con la realidad del interior profundo. La deuda de Venezuela con Conaprole incide directamente en el precio que se le paga al productor por litro de leche, y darla por perdida es, en los hechos, confiscarle parte de su ganancia lícita. Resulta irónico que un gobierno que levanta las banderas de la producción nacional sea el mismo que, a través de su ministro, le diga a los trabajadores que su esfuerzo ya no tiene valor de reclamo ante las autoridades caribeñas.
Una demanda internacional que el gobierno ignora
Desde el año 2021, la cooperativa mantiene una demanda internacional contra el estado venezolano por los incumplimientos sistemáticos de pago. El sector lechero siempre cumplió con su parte, enviando productos de primera calidad a precios de mercado internacional, similares a los que Venezuela pagaba a gigantes como Fonterra. Sin embargo, frente al impago crónico, la deuda histórica de Venezuela con Conaprole se convirtió en una mochila pesadísima que el sector sigue cargando, ahora con el agravante del desinterés ministerial.
El comunicado unánime de las gremiales lecheras fue contundente: es obligación de cualquier administración, sea del signo que sea, defender los intereses de sus ciudadanos frente a terceros estados. Al afirmar que la plata no va a volver, Fratti debilita la posición negociadora del Uruguay y le da una señal de impunidad al deudor. Esta postura oficial ante la promesa rota de Venezuela con Conaprole es vista por muchos como una traición al sector más dinámico y sacrificado del agro uruguayo.
El impacto social de una renuncia diplomática
La resignación de Fratti no es gratuita; tiene un costo social que se mide en tambos que se cierran y jóvenes que abandonan el campo. El deudo oficial de Venezuela con Conaprole es dinero genuino que debería estar circulando en los pueblos del interior, reinvirtiéndose en tecnología, maquinaria y mejores salarios rurales. Al dar por perdido este activo, el ministro no solo entrega el patrimonio de los cooperativistas, sino que también golpea la moral de un sector que se siente solo en su reclamo internacional.
Es imperativo que el Poder Ejecutivo rectifique el rumbo y asuma el compromiso de pelear hasta el último centavo de la deuda de Venezuela con Conaprole. No se puede ser complaciente con el incumplimiento ajeno cuando lo que está en juego es el plato de comida de miles de uruguayos. La diplomacia comercial no debería ser un ejercicio de resignación, sino una herramienta de defensa activa de nuestra producción, especialmente cuando el deudor ha demostrado un desprecio absoluto por los contratos firmados de buena fe.
¿Qué señal le está dando el gobierno a otros mercados internacionales al declarar públicamente que no es capaz de defender el cobro de las exportaciones de sus propios ciudadanos?
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