Derecho internacional: ese parece ser el escudo retórico detrás del cual el Gobierno de Orsi intenta guarecerse ante un escenario geopolítico que lo desborda. Este martes, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Uruguay alzó la voz para señalar lo que considera una «flagrante violación» de las normas básicas que rigen la convivencia entre naciones. Sin embargo, la alocución del representante Edison Lanza dejó un sabor a poco, navegando en un mar de eufemismos que evitaron nombrar directamente al responsable de la incursión militar: el gobierno de los Estados Unidos.
La Crisis en Venezuela ha entrado en una fase terminal tras la operación del 3 de enero, y Uruguay, fiel a una tradición de «equilibrios» que a veces rozan la inacción, se encuentra en una posición incómoda. Por un lado, la administración de Yamandú Orsi no reconoce la legitimidad de las elecciones de julio de 2024, pero por otro, se escandaliza ante la fuerza bruta empleada para remover al dictador. Esta dualidad deja al país en un limbo diplomático donde se defiende la soberanía de un régimen que el propio Uruguay ha calificado de violador de derechos humanos.
Las contradicciones del Gobierno de Orsi en Washington
Durante su intervención en el salón Simón Bolívar, Lanza apeló a la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados. Si bien es cierto que el derecho internacional prohíbe estas acciones, resulta curioso que el Gobierno de Orsi suscribiera una declaración junto a países como México y Colombia, centrada más en la «apropiación de recursos naturales» que en la liberación de un pueblo oprimido. La retórica uruguaya parece más preocupada por las formas diplomáticas que por la resolución efectiva de una tiranía que ha desangrado al continente.
Lanza reiteró que la Crisis en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas y diálogos liderados por los propios venezolanos. Esta afirmación suena desconectada de la realidad tras años de negociaciones fallidas que solo sirvieron para que el chavismo ganara tiempo y consolidara su aparato represivo. Al insistir en un «diálogo» que ya no tiene interlocutores válidos en Caracas, el Gobierno de Orsi parece aferrarse a una utopía diplomática mientras los acontecimientos en el terreno avanzan a ritmo de caza de combate y extradiciones.
El silencio elocuente frente a Donald Trump
Lo más llamativo de la postura uruguaya ante la OEA fue la omisión sistemática del nombre de Donald Trump. A pesar de denunciar una violación de la normativa internacional, Lanza prefirió la abstracción jurídica antes que la condena directa a la administración republicana. Esta cautela extrema del Gobierno de Orsi trasluce un temor evidente a las represalias comerciales o políticas de Washington, lo que despoja al discurso de su supuesta superioridad moral. Se denuncia el pecado, pero se tiene pánico de mencionar al pecador.
La Crisis en Venezuela no se resolverá con apelaciones a cartas orgánicas que el propio régimen de Maduro pisoteó durante décadas con total impunidad. Uruguay reafirmó la importancia de la paz y la seguridad internacional, pero sus palabras carecen de peso cuando se ignora que la paz en la región estaba herida de muerte por el narcoterrorismo y el éxodo masivo provocado por el Palacio de Miraflores. La defensa uruguaya del derecho internacional parece, en este caso, una herramienta para evitar tomar partido en una situación que exige definiciones tajantes.
¿Un precedente preocupante o una salida necesaria?
Para el representante del Gobierno de Orsi, el ataque militar constituye un «precedente altamente preocupante». No obstante, la diplomacia uruguaya no logra explicar qué alternativa real quedaba para restaurar la democracia tras el fraude masivo de julio. La apelación al derecho público internacional es inobjetable en los papeles, pero en la práctica, la postura de Uruguay luce como una capitulación ante el statu quo regional. Mientras se habla de «transición pacífica», el mundo observa cómo la fuerza de los hechos redefine el mapa político sudamericano.
En definitiva, la participación uruguaya en la OEA reflejó las fisuras de una coalición de gobierno que no termina de decidir su perfil internacional. La Crisis en Venezuela demandaba una postura de liderazgo democrático, pero el Gobierno de Orsi optó por el refugio cómodo de la burocracia multilateral. El apego de la legislación internacional es una virtud histórica de nuestro país, siempre y cuando no se convierta en una excusa para la indiferencia ante la caída de las tiranías.
¿Hasta qué punto es sostenible una diplomacia que defiende la soberanía de un régimen ilegítimo en nombre de principios que ese mismo régimen despreció sistemáticamente?
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