Cambios impositivos en Uruguay: el nuevo mapa tributario que define el presupuesto 2026

El 2026 no es un año más para el sistema tributario nacional. Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Presupuesto, los cambios impositivos en Uruguay comienzan a reconfigurar la relación entre el Estado, las empresas y los ciudadanos. Desde ajustes técnicos en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) hasta la implementación de estándares internacionales de la OCDE, el paquete de medidas busca no solo aumentar la recaudación en nichos específicos, sino también alinear al país con las exigencias de transparencia global.

Uno de los puntos más comentados de estos impuestos tiene que ver con la tributación de las rentas obtenidas fuera de fronteras. Hasta el año pasado, el IRPF gravaba principalmente los rendimientos de capital mobiliario en el exterior. Sin embargo, a partir de este ejercicio, la extensión de fuente se amplía a casi todos los rendimientos de capital, incluyendo los inmobiliarios, con contadas excepciones. Esto significa que los residentes fiscales uruguayos deberán estar mucho más atentos a sus activos en el extranjero para cumplir con la normativa vigente.

Ajustes en el IRPF y las rentas del exterior

La nueva normativa profundiza en la transparencia de los activos financieros. Según los informes de destacados estudios jurídicos como Posadas y Brum Costa, los cambios impositivos en Uruguay ahora imputarán directamente las rentas obtenidas por entidades no residentes a las personas físicas que sean sus beneficiarias finales. Esto ocurre incluso si las utilidades no han sido distribuidas, buscando evitar el diferimiento de impuestos mediante estructuras societarias en jurisdicciones de baja tributación. Es un golpe directo a la planificación fiscal que se venía utilizando habitualmente.

Además, los cambios impositivos introducen modificaciones en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR). Ahora, la transferencia de participaciones en entidades del exterior que tengan bienes en Uruguay por valores superiores a los US$ 5 millones quedará gravada, sin importar si la entidad está radicada en un país de baja o nula tributación. Esta medida apunta a captar la renta generada por la valorización de activos locales, como tierras o inmuebles de gran valor, cuando se negocian indirectamente a través de sociedades extranjeras.

La llegada del Impuesto Mínimo Global a Uruguay

Sin duda, la estrella de los cambios impositivos en Uruguay para este quinquenio es el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD). Enmarcado en el Pilar 2 de la OCDE, este tributo establece un piso del 15% de impuesto a la renta para los grupos multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales. Con esta medida, el gobierno asegura que esas rentas se graven aquí en lugar de que otros países reclamen ese diferencial de recaudación. Es un paso ambicioso que posiciona a Uruguay como un jugador serio en el escenario de la fiscalidad internacional.

Este cambio impacta directamente en el régimen de zonas francas, uno de los pilares de la inversión extranjera en el país. Los usuarios de estas zonas ya no estarán exonerados del IMCD, lo que ha generado cierto nerviosismo entre los inversores instalados. Si bien la ley prevé algunas exclusiones dependiendo de dónde esté la casa matriz del grupo, lo cierto es que la «seguridad jurídica» de las exoneraciones totales empieza a mostrar matices ante la presión de los organismos internacionales por un impuesto mínimo a nivel mundial.

El tax holiday y los incentivos para nuevos residentes

No todo es aumento de carga en los cambios impositivos en Uruguay. El gobierno también ha decidido renovar los incentivos para atraer capitales y personas físicas del exterior. Quienes obtengan la residencia fiscal a partir de este 2026 podrán optar por el famoso «tax holiday», que les permite no pagar impuestos por sus rendimientos de capital mobiliario del exterior durante 11 ejercicios (el año de llegada más diez). Eso sí, las condiciones se han vuelto más específicas, exigiendo inversiones en inmuebles o proyectos productivos de montos considerables.

Existen opciones para quienes se queden al menos 183 días en el país sin necesidad de realizar inversiones millonarias, aunque con plazos y beneficios algo más acotados. La idea detrás de estos cambios impositivos en Uruguay es clara: atraer residentes que no solo traigan su domicilio, sino que también inyecten capital real en la economía local a través de la construcción o el financiamiento de innovación. Es una apuesta por el crecimiento genuino mediante un alivio fiscal temporal pero condicionado al compromiso con el país.

Cambios en el régimen de compras web en el exterior

Para el ciudadano común, los cambios impositivos en Uruguay más tangibles se ven en la pantalla del celular. El desembarco de plataformas como Temu ha disparado las importaciones menores, y el fisco ha decidido mover las fichas. Se mantiene el régimen de las tres franquicias anuales de hasta US$ 200, pero se crea un nuevo esquema intermedio: compras de hasta US$ 800 anuales que, si bien no pagan aranceles, ahora deberán abonar el 22% de IVA con un mínimo de US$ 20 por envío.

Este ajuste busca nivelar un poco la cancha con el comercio local, que venía reclamando por la competencia desigual de las plataformas digitales. Es importante notar que el beneficio de los US$ 200 libres de todo tributo quedará restringido principalmente a las compras realizadas en Estados Unidos bajo el acuerdo TIFA. Para el resto del mundo, la billetera tendrá que estar un poco más floja si se quiere seguir aprovechando el «puerta a puerta» internacional.

¿Logrará este nuevo equilibrio fiscal atraer las inversiones prometidas o terminará por enfriar el consumo interno y la llegada de nuevos residentes ante una estructura de costos cada vez más pesada?