La explotación laboral en Paysandú quedó expuesta tras un operativo que involucró a Fiscalía, Policía y la Inspección General de Trabajo, luego de meses de seguimiento reservado. El caso, que venía siendo monitoreado desde hace tiempo, permitió constatar la presencia de medio centenar de extranjeros sometidos a condiciones de vida y trabajo consideradas inhumanas, según confirmó Uruguay Al Día con fuentes de la investigación.
La denuncia inicial fue presentada ante Fiscalía, que identificó indicios de un posible esquema de captación de migrantes para tareas rurales y fabriles sin registro, sin garantías laborales y en espacios totalmente inadecuados para habitar. A partir de allí, se dispuso un trabajo coordinado que incluyó allanamientos simultáneos en dos puntos del departamento.
Cómo funcionaba la red de explotación laboral en Paysandú
De acuerdo con los investigadores, la explotación laboral en Paysandú afectaba a 50 trabajadores extranjeros que habían sido radicados en el departamento con la promesa de empleo estable. Si bien inicialmente se manejó que la mayoría eran peruanos, la información oficial confirmó luego que 38 eran argentinos y el resto de Perú. Entre ellos se detectó a una mujer y a una persona menor de edad.
La red operaba en dos locaciones diferenciadas. Por un lado, una chacra donde habían sido instalados decenas de trabajadores en espacios mínimos, insalubres y con serios riesgos eléctricos. Por otro, un antiguo edificio industrial en desuso que había sido improvisado como dormitorio colectivo, sin ventilación adecuada, sin instalaciones sanitarias básicas y sin condiciones mínimas de higiene.
Las autoridades describieron que el grupo se encontraba bajo un régimen de absoluta informalidad y sin cobertura de ningún derecho laboral. En varios casos, no existían contratos, registros o documentación que acreditara un vínculo formal con la empresa señalada por la investigación.
Las condiciones inhumanas detectadas por los inspectores
Uno de los aspectos más impactantes de la explotación laboral en Paysandú fue el nivel de precariedad en el que vivían los denunciantes. Los equipos que participaron del operativo señalaron que los dormitorios eran “inconcebibles” para alojar personas, con colchones deteriorados, humedad extrema, cables expuestos y basura acumulada.
Los alimentos provistos por los responsables estaban en mal estado o eran insuficientes, según los testimonios recogidos. Una fuente técnica graficó la situación con crudeza: “En un lugar donde no se podían criar chanchos, había personas”.
Los investigadores confirmaron que los espacios eran inhabitables desde cualquier parámetro de salud pública, y que los extranjeros dependían completamente de quienes los habían contratado, tanto para vivienda como para alimentación y traslado.
Allanamientos y avances de Fiscalía en la causa
El operativo por explotación laboral en Paysandú incluyó la toma de declaraciones bajo modalidad de Cámara Gesell a once víctimas, todas de nacionalidad peruana. La investigación continúa bajo reserva, pero se dispusieron medidas limitativas para dos personas vinculadas a la dirección de la empresa señalada.
Además, uno de los individuos involucrados quedó detenido y es investigado como presunto captador de los trabajadores extranjeros. Para Fiscalía, su rol habría sido determinante para generar dependencia y controlar el asentamiento irregular.
En paralelo, se releva documentación incautada durante los allanamientos y se continúa tomando declaraciones de otras víctimas, que permanecen alojadas temporalmente en espacios coordinados por autoridades sociales.
La dimensión del caso y su impacto en la discusión pública
La magnitud de la explotación laboral en Paysandú volvió a instalar el debate sobre las redes que captan migrantes para trabajos informales en el interior del país. En los últimos años, distintas fiscalías departamentales han registrado un aumento de denuncias vinculadas a explotación laboral y trata interna con fines de servidumbre.
Este caso, particularmente grave por la cantidad de afectados y el estado de los lugares inspeccionados, puso en evidencia la complejidad de supervisar actividades rurales y fabriles donde operan empresas pequeñas o informales que utilizan mano de obra vulnerable.
Las autoridades señalaron que habrá nuevas actuaciones en los próximos días y que no se descarta ampliar la investigación a otros departamentos si surgen conexiones adicionales. Frente a escenarios de precarización extrema, ¿hasta dónde deben fortalecerse los controles estatales para evitar que estas prácticas vuelvan a repetirse?
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