El sacudón político que dejó la caída del fideicomiso en Salto expuso con crudeza las tensiones que el oficialismo venía arrastrando desde hace meses. Lo que en los papeles debía ser un trámite acordado terminó convirtiéndose en un episodio que dejó al desnudo fracturas internas, reproches cruzados y liderazgos que ya no logran ordenar a su propia tropa. El proyecto, pensado como una herramienta para encaminar obras, saldar compromisos y generar un margen de maniobra en la gestión, se desmoronó en plena sesión ante la ausencia de votos que se daban por seguros. Y el dato no menor es que no faltaron ediles de la oposición, sino del propio gobierno departamental. Esa señal dejó claro que el problema no era técnico, sino político.
La Intendencia había apostado fuerte al fideicomiso como pieza central de su planificación. Se lo presentaba como una salida razonable para impulsar inversiones demoradas y estabilizar la hoja de ruta del período. Pero al llegar la instancia decisiva, varios ediles oficialistas eligieron marcar distancia. Algunos por diferencias de fondo, otros por cálculos personales, y otros simplemente por desconfianza hacia la conducción. El resultado fue un golpe directo a la credibilidad interna del oficialismo y un aviso de que la coalición no atraviesa su mejor momento.
Entre los sectores afines al gobierno se comenta que el malestar venía acumulándose desde hacía tiempo, sobre todo por la falta de diálogo fluido y la sensación de que determinadas decisiones se tomaban sin consultar a quienes deben defenderlas en la Junta de Salto. Ese clima se hizo evidente cuando ediles vinculados al sector de Malaquina decidieron no acompañar la iniciativa. No se trató de una rebelión abierta, pero sí de un mensaje político claro: no todos estaban dispuestos a cargar con un endeudamiento que podría afectar su posicionamiento futuro.
En los corrillos se habló incluso de órdenes directas para no votar, algo que el propio Malaquina evita confirmar, aunque tampoco desmiente del todo. Sus movimientos dejan entrever que no quiere aparecer atado a un fideicomiso que podría condicionarlo si termina encabezando la próxima administración departamental. Esa jugada alimentó suspicacias dentro del oficialismo, donde algunos interpretaron el episodio como un primer movimiento de reacomodo interno pensando en las elecciones venideras.
A este escenario se sumó el creciente malestar de la lista 404, un sector que se considera ignorado en la distribución de espacios de influencia dentro del gobierno. Su dirigencia entiende que el peso electoral logrado no se vio reflejado en la toma de decisiones, lo que terminó inclinando la balanza hacia una postura distante respecto al fideicomiso. No hubo rechazo explícito, pero tampoco apoyo. Y en política, el silencio también pesa.
Como si todo esto fuera poco, en plena discusión empezó a circular un rumor que agregó más tensión al ambiente: supuestos intentos de “negociaciones informales” para asegurar votos del Frente Amplio. No hubo pruebas concretas ni confirmaciones oficiales, pero el simple hecho de que versiones así tomaran vuelo evidenció el nivel de desconfianza que atraviesa la política salteña. El nombre de Pepe Demora apareció mencionado en esas conversaciones, aunque distintas fuentes ofrecieron relatos contradictorios. La multiplicación de rumores terminó de empañar un proceso que ya venía golpeado por la falta de orden interno.
Tras el fracaso del fideicomiso, comenzaron a mirarse con lupa contratos, movimientos de personal y decisiones administrativas recientes. En particular, surgieron cuestionamientos sobre el funcionamiento del comedor departamental, donde algunos señalan que se habrían incorporado personas vinculadas a sectores con peso político dentro de la coalición. Esa sospecha reavivó reclamos sobre la necesidad de mayor transparencia y control, un tema que la ciudadanía viene planteando desde hace tiempo.
El oficialismo, lejos de hacer una autocrítica profunda, optó por mantenerse en silencio o culpar a factores externos. Algunos dirigentes cuestionaron a la prensa por “instalar temas” y a los medios por supuestamente cuidar la pauta oficial. Mientras tanto, otros prefirieron no exponer públicamente diferencias para no romper del todo los equilibrios internos. Esa postura defensiva solo reforzó la percepción de fragilidad.
El episodio dejó flotando la sensación de que, más allá de los nombres, la dinámica interna del oficialismo está atravesada por estrategias personales que pesan más que los acuerdos colectivos. El fideicomiso cayó por razones políticas antes que técnicas, y eso obliga a revisar cómo se están encarando los procesos internos. Si no hay una reconstrucción del diálogo y una hoja de ruta compartida, será difícil evitar nuevos tropiezos. Más aún en un contexto donde la ciudadanía reclama claridad, orden y transparencia.
El futuro del fideicomiso sigue incierto. Para que vuelva a ponerse sobre la mesa, el oficialismo deberá recomponer confianzas y demostrar que puede presentar propuestas que convenzan tanto a sus propios cuadros como a la población. En un escenario donde la desconfianza hacia las instituciones crece, será clave ofrecer información clara, controles rigurosos y un relato creíble sobre por qué vale la pena asumir un endeudamiento de esta magnitud.
Según fuentes politicas, si la Intendencia pretende reimpulsar el fideicomiso, deberá mejorar su comunicación, abrir espacios de participación y transparentar cada etapa del proceso. Además, tendrá que ordenar su interna, porque sin una coalición cohesionada cualquier proyecto ambicioso corre el riesgo de naufragar antes siquiera de llegar al recinto, señalaron.
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