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Hospital de Artigas vinculado a red de adopciones ilegales de recién nacidos

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Hospital de Artigas vinculado a red de adopciones ilegales de recién nacidos
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Imputan a dos mujeres en Artigas por presunta apropiación de recién nacidos

Una investigación iniciada por el INAU derivó en la imputación de una abogada y una auxiliar de servicio por presunta apropiación de bebés en el Hospital de Artigas. El caso, que ya había tenido condenas previas contra dos enfermeras, se amplía ahora con nuevas medidas cautelares y vínculos familiares que profundizan la trama.

El origen de la denuncia: seguimiento social y alerta institucional

Todo comenzó a fines de mayo, cuando trabajadoras sociales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) detectaron una situación irregular durante el seguimiento de una mujer embarazada. Según el reporte, una enfermera le habría ofrecido dinero a cambio de su bebé una vez nacido. La denuncia activó los protocolos de protección y dio inicio a una investigación judicial que sigue en curso.

Condenas previas: dos enfermeras sentenciadas en octubre

El 14 de octubre, dos enfermeras fueron condenadas por su participación en el caso. Una de ellas, de nacionalidad brasileña, trabajaba en una mutualista de Artigas y recibió una pena de 23 meses de libertad a prueba, con arresto domiciliario nocturno durante tres meses y tareas comunitarias por seis. La otra, uruguaya y funcionaria de ASSE, deberá cumplir cuatro meses de libertad a prueba. Ambas fueron obligadas a portar tobillera electrónica como medida de control.

Nuevas imputaciones: vínculos familiares y responsabilidades compartidas

La investigación avanzó y ahora se suman dos nuevas imputadas: una abogada, hija de la enfermera uruguaya ya condenada, y una auxiliar de servicio de 60 años que trabajaba en el hospital mediante una empresa tercerizada. Ambas fueron formalizadas por el delito de apropiación de niños, niñas y adolescentes con fines de adopción.

Como parte de las medidas cautelares, deberán fijar domicilio y mantener distancia de las víctimas durante al menos 90 días. La fiscalía continúa recabando pruebas para determinar el alcance de la red y posibles responsabilidades adicionales.

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