La jueza Marcela Vargas resolvió este miércoles habilitar parcialmente el pedido de la defensa del exsenador Gustavo Penadés para acceder a mensajes de WhatsApp de los teléfonos de Romina Celeste Papasso y Paula Díaz, la mujer trans que fue condenada por una denuncia falsa contra Yamandú Orsi en plena campaña electoral de 2023. La medida busca limitar la información a los intercambios con víctimas y circunscrita al año pasado, con el objetivo de proteger la intimidad de los denunciantes.
La audiencia marcó la primera participación de la fiscal Isabel Ithurralde, quien asumió la causa tras la salida de Alicia Ghione, certificada por estrés, y en sustitución de Mónica Ferrero. Fiscalía aclaró que el acceso no será total, ya que una apertura sin restricciones implicaría vulnerar derechos de las víctimas. Por eso se restringió a diálogos específicos que puedan tener relevancia para el expediente.
En esa misma instancia, la Fiscalía amplió la formalización contra Penadés por un presunto delito de violencia privada vinculado a un hecho de 2014. La defensa del exsenador presentó recurso de apelación. El Ministerio Público tiene plazo hasta el 10 de octubre para presentar la acusación formal, en la que detallará la imputación, la calificación jurídica que entiende aplicable y las pruebas que ofrecerá ante el juez.
Los abogados defensores, Laura Robatto y Homero Guerrero, argumentaron que hasta ahora solo pudieron acceder a informes parciales, sin conocer el contenido completo de los dispositivos incautados. Sostienen que podrían existir conversaciones con víctimas de identidad reservada en las que se aludiría a retribuciones económicas por declarar, incluso con montos supuestamente mayores en caso de que Penadés fuera procesado.
Hasta ahora, esta información permanecía bajo reserva por decisión de la jueza Vargas, a pedido de la fiscal Ghione, lo que mantenía bloqueado el acceso a los teléfonos de las testigos. El nuevo fallo abre un camino intermedio que intenta equilibrar la necesidad de defensa con la protección de la intimidad de las víctimas.
La audiencia también se convirtió en una de las últimas instancias previas al juicio que enfrenta Penadés y Sebastián Mauvezín, ambos en prisión preventiva. Aún resta que declare Federico Rodríguez, un policía ya condenado por colaborar con Carlos Tarocco, exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, en un intento de obtener de manera ilegal datos personales de las víctimas vinculadas a la causa.
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