El atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero ocurrió en la madrugada del domingo en Montevideo, cuando dos personas ingresaron a su vivienda y realizaron disparos antes de darse a la fuga. El episodio, que se registró cerca de las 5:00 de la mañana, generó una inmediata respuesta policial y encendió las alarmas en el sistema político.
De acuerdo a la denuncia presentada por Ferrero, los atacantes lograron entrar en la casa y efectuaron al menos dos disparos, que dejaron daños materiales en la propiedad. En el patio se halló un pozo cuya finalidad aún no está clara, aunque investigadores no descartan que se haya intentado colocar allí un artefacto explosivo. El Ministerio del Interior confirmó que la Policía Científica trabaja junto al Departamento de Investigaciones para esclarecer el hecho. Por ahora, el ataque se limitó al área exterior de la vivienda y no se registraron personas heridas.
Me comuniqué con el presidente @OrsiYamandu a raíz del atentado contra Mónica Ferrero. En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección.
Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia.— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 28, 2025
Investigación en curso
Fuentes oficiales señalaron que el caso se encuentra bajo reserva para no entorpecer las pericias. Los equipos de seguridad analizaron el perímetro de la finca y recolectaron vainas de bala que serán sometidas a peritaje. Se busca determinar si los atacantes actuaron con un objetivo directo contra la fiscal o si se trató de una señal intimidatoria en el marco de investigaciones judiciales en curso.
Toda mi solidaridad con Monica Ferrero; el enfrentamiento con la delincuencia nos encontrará juntos siempre a los uruguayos de bien; iremos hasta el final contra los delincuentes, narcotraficantes y el hampa; no pasarán; hoy todos somos Monica Ferrero
— Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) September 28, 2025
En paralelo, se reforzó la seguridad en torno a Ferrero y su familia. El Ministerio del Interior resolvió mantener vigilancia permanente en su domicilio y coordinar medidas adicionales para asegurar sus traslados. Este tipo de disposiciones son poco frecuentes en Uruguay, donde históricamente los magistrados no cuentan con un esquema tan estricto de custodia.
Reacciones del sistema político
El atentado a la fiscal de Corte generó un fuerte impacto en la clase política, que salió rápidamente a expresarse en redes sociales y a través de comunicados oficiales.
El senador y exministro de Defensa Javier García calificó el ataque como un hecho de “gravedad institucional incalculable” y remarcó que se trata de un antes y un después en el país. A su entender, el Estado debe aplicar todos sus recursos para investigar y detener a los responsables.
Por su parte, el expresidente Luis Lacalle Pou afirmó que se comunicó con el actual mandatario Yamandú Orsi para coordinar una respuesta común: “En este tema no puede haber diferencias ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del orden y de la protección”.
En el Parlamento, dirigentes de todos los partidos coincidieron en la necesidad de defender la institucionalidad democrática. Gabriel Gurméndez (Partido Colorado) consideró que el episodio “es un vuelco dramático en el escenario de la inseguridad pública” y advirtió sobre el riesgo de que los jueces y fiscales enfrenten miedo a actuar.
Daniel Caggiani (Frente Amplio) expresó respaldo político e institucional a las autoridades encargadas de la investigación, mientras que Sebastián Da Silva (Partido Nacional) sostuvo que el hecho “marca un antes y un después” y llamó a dejar de lado los discursos edulcorados.
Otros referentes como Luis Alberto Heber, Juan Martín Rodríguez, Álvaro Delgado, Pablo Mieres, Pedro Bordaberry y Nicolás Martinelli también se pronunciaron en la misma línea, destacando la gravedad del atentado contra la fiscal de Corte y la necesidad de unidad frente a la amenaza del crimen organizado.
Impacto social e institucional
El episodio no solo encendió alarmas políticas, también generó preocupación en la población. En redes sociales se multiplicaron mensajes de apoyo a Ferrero y pedidos de mayor seguridad. La situación reavivó un debate sobre la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales y proteger a los operadores judiciales.
Expertos en seguridad señalaron que, de confirmarse un vínculo entre el atentado a la fiscal de Corte y organizaciones delictivas, podría tratarse de un punto de inflexión para Uruguay. El país, históricamente percibido como uno de los más seguros de la región, enfrenta desde hace años el desafío del narcotráfico y el aumento de la violencia armada.
En lo inmediato, la Fiscalía General evaluará si corresponde ampliar las medidas de protección a otros magistrados. Además, desde el gobierno se estudia coordinar con el Ministerio de Defensa y la Guardia Republicana un refuerzo de patrullajes en zonas sensibles.
Un caso seguido de cerca
La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía y del Ministerio del Interior. No se descarta ninguna hipótesis, aunque por la modalidad del ataque y el perfil de la víctima se presume que pudo tratarse de un acto intimidatorio ligado a causas penales relevantes.
Mientras tanto, el atentado a la fiscal de Corte sigue generando repercusiones y mantiene en vilo a la opinión pública. El caso es seguido de cerca no solo por las autoridades nacionales, sino también por organismos internacionales que monitorean el estado de derecho en la región.
