El movimiento en las puertas de los centros de salud metropolitanos cambió de ritmo de manera silenciosa. Entre las ambulancias de alta complejidad y los vehículos oficiales, los autos con mampara amarilla y negra empezaron a formar parte del paisaje habitual de altas médicas y tratamientos crónicos. En poco más de un mes, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) financió 1.154 viajes de pacientes ambulatorios utilizando el taxímetro tradicional, un movimiento administrativo que encendió alarmas políticas y gremiales antes de que se resolviera el llamado público formal.
A través de un pedido de acceso a la información pública, los registros contables del prestador estatal revelaron un desembolso exacto de $684.698 entre la última semana de marzo y el cierre de abril. La iniciativa, caratulada como un plan piloto, buscaba mitigar los costos críticos que representan los traslados de pacientes no medicalizados, aquellos que padecen situaciones de vulnerabilidad social y requieren transporte continuo para diálisis o consultas especializadas pero no necesitan asistencia médica en el trayecto.
Las cifras muestran que la transición fue acelerada. Durante las jornadas finales de marzo se liquidaron los primeros 122 viajes por un monto cercano a los $69.000, mientras que en abril la cifra trepó a 1.032 traslados por un valor de $615.750. Este promedio sitúa el costo unitario de cada viaje en el entorno de los 600 pesos uruguayos, un valor sensiblemente menor a los contratos previos del organismo pero ejecutado de forma paralela al proceso de adjudicación mayor de la zona metropolitana.
La celeridad con la que se implementó el mecanismo generó rispideces inmediatas en la interna del sector salud. Cámaras de ambulancias presentaron recursos administrativos contra los pliegos de la licitación en curso, argumentando que la inclusión de vehículos de alquiler distorsionaba el mercado de la atención sanitaria. El hecho de que la Gremial Única del Taxi anunciara su postulación oficial casi al mismo tiempo que el plan piloto ya acumulaba kilómetros en las calles alimentó las suspicacias de la oposición.
Las explicaciones oficiales y la brecha de costos frente al pasado
En el ámbito legislativo, las explicaciones no tardaron en llegar. El presidente de ASSE, Álvaro Danza, defendió la legalidad y la conveniencia económica del piloto frente al Parlamento, descartando cualquier tipo de irregularidad en las contrataciones directas. Según el jerarca, la compra de los viajes se amparó en las mismas modalidades administrativas que el organismo utilizaba en gestiones anteriores para contratar a firmas privadas como UTAM, las cuales arrastraban cuestionamientos por parte del Frente Amplio.
El argumento central de la administración radica en el impacto presupuestal. Desde la perspectiva oficial, un traslado gestionado a través de las empresas de asistencia tradicionales conllevaba un costo promedio de $8.150 por usuario, una cifra que la actual conducción catalogó como insostenible. Al compararlo con la tarifa del taxi, las autoridades señalaron que el Estado paga trece veces menos por el mismo tramo recorrido, logrando un ahorro estimado de 11 millones de pesos en apenas treinta días de operatividad continua.
Mientras el debate político se concentra en los despachos, el macrollamado para cubrir hasta 150.000 kilómetros anuales en el área metropolitana sigue su curso. Con 17 ofertas sobre la mesa que abarcan desde aplicaciones de transporte y remises hasta servicios tradicionales de ambulancia, la Mesa Evaluadora analiza los documentos presentados a mediados de mayo. La resolución final determinará si el taxi se consolida como una herramienta estructural del sistema de salud pública o si el plan piloto quedará como un capítulo excepcional de la ingeniería financiera estatal.
