El Ministerio del Interior avanza en la implementación de una estrategia nacional para controlar de forma directa la circulación de armas y municiones en Uruguay, un factor determinante en los niveles actuales de violencia criminal. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por las autoridades públicas, siete de cada 10 homicidios perpetrados en el país se cometen con armas de fuego, en un contexto marcado por la alta disponibilidad de armamento y su progresivo desvío hacia circuitos delictivos.
Ante este panorama, la cartera de Estado diseñó un paquete de medidas normativas y de fiscalización para cerrar vacíos legales, aumentar las exigencias de trazabilidad y mejorar el intercambio de datos entre los organismos estatales encargados de la seguridad pública.
Hurtos, desvío ilícito y la situación de las municiones
Los registros del Ministerio del Interior revelan que entre los años 2013 y 2025 se radicaron cerca de 16.000 denuncias por hurto de armas en todo el territorio nacional. En el mismo período, las causas vinculadas a tenencia y porte ilegal duplicaron su volumen, mientras que las denuncias por tráfico interno registraron una suba exponencial.
Las autoridades señalan que la presencia de armamento no explica por sí sola las dinámicas del delito, pero incrementa de forma severa la letalidad de los conflictos comunitarios y criminales, otorgando mayor poder de fuego a las bandas organizadas.
En el plano regulatorio, el informe oficial advierte que Uruguay se mantiene como el único país socio del Mercosur que no establece límites para la adquisición civil de municiones. Esta particularidad representa un riesgo de carácter internacional y expone fragilidades en el seguimiento del material bélico.

Medidas concretas del nuevo decreto de control
La estrategia elaborada por la cartera del Interior será implementada a través de un decreto que el ministro Carlos Negro remitió al presidente de la República, Yamandú Orsi. El documento norma aspectos operativos de la comercialización, importación y tenencia individual:
Prohibición de tecnología 3D: Queda prohibida la importación, fabricación, ensamblaje, adquisición y uso de armas o componentes producidos mediante tecnologías digitales e impresión 3D.
Topes a la tenencia individual: Se mantiene el tope general de ocho armas por usuario, pero se restringe la tenencia a un máximo de cuatro armas cortas y dos pistolas, al ser las más vulnerables de ingresar al mercado negro.
Límites en municiones: Se imponen topes a la compra de municiones y se permite la transacción de proyectiles entre particulares de forma excepcional, sujeta a condiciones estrictamente reguladas.
Exigencias de trazabilidad: Todas las armas importadas deberán contar con marcado bajo estándares internacionales. Queda prohibida la importación si la marcación se realizó únicamente mediante tecnología láser que ponga en riesgo la identificación a largo plazo.
Fiscalización de insumos: Se establece un régimen integral para regular la adquisición, almacenamiento y comercialización de pólvora, fulminantes y componentes de recarga, con su respectivo esquema de sanciones.

El impacto letal en niños y adolescentes
La proliferación de armas de fuego en el territorio tiene un impacto directo en la población infantil y juvenil. Durante el primer semestre del año se constataron siete homicidios de niños y adolescentes perpetrados con proyectiles de fuego, una cifra que iguala el total registrado durante todo el año 2021 y representa la mitad de las muertes delictivas en menores registradas en el transcurso del año anterior.
Desde el ámbito médico, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, Carlos Kirszenbaum, advirtió sobre las secuelas que causan las heridos de bala en pacientes pediátricos, subrayando que un impacto de proyectil altera de forma permanente el desarrollo del niño y la dinámica de su núcleo familiar.
El paquete normativo del Poder Ejecutivo se enmarca en las metas operativas fijadas en el Plan Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de dotar al Estado de mecanismos de inteligencia y control sobre el mercado formal e informal de armamento.






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