El peso del «socio oculto» en el surtidor uruguayo
El impacto de los aranceles de tarjetas en combustibles ha vuelto a ponerse sobre la mesa de discusión económica en nuestro país. La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) alzó la voz para denunciar una situación que, según afirman, está asfixiando los márgenes de rentabilidad de las estaciones de servicio. En un mercado donde el precio final está rígidamente tarifado por el Poder Ejecutivo a través de Ancap, los estacioneros se encuentran en una encrucijada legal y financiera: no pueden trasladar los costos financieros al consumidor final.
Daniel Sanguinetti, presidente de Unvenu, fue categórico al explicar que este costo operativo es asumido íntegramente por los pisteros. La gremial sostiene que las comisiones bancarias representan hoy una erogación cercana a $1 por cada litro que se despacha mediante esta modalidad de pago. En un contexto donde el uso de dinero plástico es cada vez más frecuente y casi obligatorio por las normativas de inclusión financiera, el margen de maniobra de los comerciantes se reduce drásticamente frente a las entidades bancarias.
Un mercado tarifado que no permite traslados
A diferencia de otros rubros del comercio nacional donde el empresario puede ajustar su estructura de precios ante una suba de costos, el sector de la nafta y el gasoil en Uruguay depende de la fijación estatal. Esto hace que los cargos financieros actúen como un costo fijo que «muerde» directamente la ganancia de la estación. Sanguinetti señaló que el planteo ha sido llevado a las autoridades en reiteradas ocasiones, pero hasta el momento los logros han sido nulos, recibiendo como respuesta que se trata de un «acuerdo entre privados».
Para los estacioneros, esta respuesta oficial resulta insuficiente. Argumentan que el Estado interviene en el precio de venta, pero deja librado al mercado la negociación con las emisoras de tarjetas de crédito. Según detalló el titular de Unvenu, las estaciones abonan una tasa que oscila entre el 1,20% y el 1,25% más IVA por cada venta de gasolina. La imposibilidad de descontar ese IVA del arancel es uno de los puntos de mayor fricción, ya que se convierte en un sobrecosto impositivo que termina impactando en la viabilidad de muchos negocios de cercanía.
La comparación con otros modelos regionales
La preocupación por las tasas de servicio no es exclusiva de Uruguay, pero la rigidez de nuestro sistema tarifario agrava el problema. En otros países de la región, el costo financiero por el uso de plásticos suele ser asumido directamente por el cliente o existe una libertad de precios que permite a la estación compensar la diferencia. Aquí, mientras la modalidad de pago electrónico se impone, el «socio oculto» —como denomina Sanguinetti a las tarjetas— se queda con una porción del negocio que los vendedores consideran desproporcionada.
Desde Unvenu se propone, como un primer paso paliativo, que se permita descontar el IVA del arancel que cobran las tarjetas. Esto daría un respiro inmediato a las cajas de las estaciones, que hoy ven cómo ese peso por litro se desvanece en comisiones bancarias. El sector advierte que, de continuar esta tendencia sin modificaciones en el régimen vigente, la sostenibilidad de algunas estaciones de servicio, particularmente las situadas en el interior del país con menor volumen de venta, podría verse seriamente comprometida durante este 2026.
El futuro de la comercialización y el reclamo gremial
La dilación en las soluciones por parte del gobierno preocupa a la gremial de vendedores. Sanguinetti enfatizó que la modalidad de pago electrónico no va a retroceder, por lo que es urgente revisar las condiciones de los aranceles de tarjetas en combustibles. La propuesta no busca eliminar el uso de tarjetas, sino equilibrar la balanza para que el costo financiero no recaiga exclusivamente sobre el último eslabón de la cadena de distribución, que ya trabaja con márgenes acotados y controlados por el Ministerio de Industria.
En definitiva, la discusión sobre los aranceles de tarjetas en combustibles es también una discusión sobre la eficiencia del sistema de distribución de energía en Uruguay. Con el precio del crudo siempre en el ojo de la tormenta y las tarifas locales ajustándose mensualmente por el PPI (Precio de Paridad de Importación), el componente financiero de la transacción se vuelve un actor principal. La Unvenu espera que, tras este nuevo reclamo público, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU) tomen cartas en el asunto para revisar un esquema que consideran agotado.
¿Es sostenible mantener un sistema de precios fijados por el Estado si no se controlan también los costos financieros obligatorios que se imponen a los comercios?
Dejá tu comentario
Para comentar tenés que estar registrado y con sesión iniciada.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
