,El mito de la excepcionalidad uruguaya como una sociedad plenamente tolerante enfrenta hoy una prueba de fuego frente a los datos. Durante las últimas jornadas, el Palacio Legislativo se convirtió en el epicentro del primer Congreso de la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo, un evento que no solo reunió a 35 parlamentarios de toda la región, sino que puso sobre la mesa una realidad incómoda: el antisemitismo en Uruguay ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una “luz amarilla” que amenaza la convivencia democrática nacional.
El fenómeno del Antisemitismo en Uruguay bajo la lupa estadística
La preocupación de los legisladores no es infundada y cuenta con el respaldo de mediciones concretas que desmitifican la armonía social absoluta. Un informe elaborado por la consultora Opción indica que entre el 10% y el 20% de los uruguayos manifiesta actitudes negativas o directamente hostiles hacia la comunidad judía. Traducido a números reales, esto implica que entre 270.000 y 500.000 personas en el país albergan algún grado de judeofobia. Según el sociólogo Rafael Porzecanski, director de la consultora, el perfil del intolerante ha mutado; si bien históricamente estas posturas se vinculaban a la extrema derecha, hoy se observa un crecimiento significativo entre los votantes de izquierda, lo que complejiza el abordaje político del problema.
Esta tendencia fue ratificada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), organismo que advirtió sobre un incremento sostenido en las expresiones discriminatorias. El aumento de denuncias y registros presentados ante la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado por parte del Comité Central Israelita y la Asociación Jaime Zhitlovsky confirma que la hostilidad ha pasado de las redes sociales a situaciones de interacción cotidiana, vulnerando los valores de respeto y diversidad que sustentan la democracia uruguaya.
El compromiso de la Coalición de Legisladores
El congreso, organizado por el Combat Antisemitism Movement (CAM), contó con la presencia de figuras de diversos sectores, incluyendo a los senadores Javier García y Graciela Bianchi, y los diputados Rodrigo Goñi y Conrado Rodríguez. Los participantes coincidieron en que la respuesta no puede ser meramente declarativa. Se busca impulsar iniciativas legislativas que no solo sancionen el odio, sino que fortalezcan el compromiso institucional mediante políticas públicas coordinadas a nivel regional. El objetivo es que los parlamentos latinoamericanos intercambien “buenas prácticas” para que la lucha contra este flagelo tenga una visión unificada.
Diálogo de alto nivel y cooperación internacional
La jornada de cierre fue marcada por la participación del ex presidente Julio María Sanguinetti y la embajadora de Israel, Michal Hershkovitz. En este espacio, se subrayó que el odio basado en la religión o el origen étnico-racial no es un ataque exclusivo contra un grupo, sino una agresión contra el tejido social en su conjunto. Sanguinetti hizo hincapié en la importancia de la educación y el compromiso político para evitar que estas manifestaciones de intolerancia escalen a niveles de violencia física o exclusión sistemática.
Desafíos hacia una legislación efectiva
A pesar del consenso sobre la gravedad del asunto, el camino hacia una normativa que castigue de forma efectiva el discurso de odio en el ámbito digital y físico presenta desafíos jurídicos. El diputado Conrado Rodríguez destacó la importancia de vincular a los poderes ejecutivos en esta tarea, asegurando que el combate al antisemitismo en Uruguay sea una política de Estado que trascienda los periodos electorales. La meta es clara: evitar que la “luz amarilla” se convierta en una emergencia social, garantizando que el país siga siendo un refugio de libertad y respeto para todas las comunidades que lo integran.
