El 15 de mayo, en la ciudad de Salto, se destapó un conflicto que todavía genera bronca e incertidumbre. Los trabajadores del refugio 24 horas del MIDES denunciaron que la empresa de limpieza contratada para el servicio no les pagó sueldos ni liquidaciones, acumulando deudas que rondan los $200.000 por empleado. Son 17 familias que quedaron colgadas, sin un peso en el bolsillo y sin saber quién se hace cargo.
La bronca es doble: por un lado, la empresa con sede en Montevideo desapareció del mapa, no atiende llamadas ni responde correos. Por otro, el MIDES local se limita a repetir que “no tiene fechas de pago”. En medio de ese silencio, los trabajadores se enteraron de que el convenio entre el ministerio y la empresa había terminado dos meses antes, sin que nadie les avisara.
La pregunta que todos se hacen en Salto es clara: ¿el MIDES le pagaba a la empresa y esta se quedó con la plata, o directamente el ministerio nunca giró los fondos? Nadie lo aclara. Y mientras tanto, los empleados siguen esperando, con cuentas atrasadas, alquileres impagos y la angustia de no saber quién les va a pagar.
El costado humano
Detrás de las cifras hay historias de vida. Una trabajadora contó que tuvo que pedir plata prestada para comprar comida. Otro dijo que no pudo pagar el alquiler y está a punto de ser desalojado. La mayoría dependía de ese sueldo como único ingreso. La precariedad se siente en cada relato y la indignación crece porque el servicio que sostienen es social, destinado a personas en situación de vulnerabilidad.
La ley y la responsabilidad
En Uruguay, la normativa establece que en casos de tercerización existe responsabilidad solidaria: tanto la empresa contratista como el organismo estatal deben responder por los créditos laborales. Pero en la práctica, los trabajadores se ven atrapados en un juego de pases de responsabilidad. El ministerio señala a la empresa, la empresa guarda silencio, y los empleados quedan en el medio, sin certezas de quién les va a pagar.
El impacto en Salto
El refugio 24 horas del MIDES cumple un rol clave en la ciudad. Allí se atiende a personas sin techo, se brinda comida y un lugar seguro para pasar la noche. La falta de pago a los trabajadores pone en riesgo la continuidad del servicio y genera desconfianza en la comunidad. Se habla de inclusión y derechos, pero quienes sostienen el servicio quedaron sin cobrar.
La indignación se trasladó a las calles. Los funcionarios comenzaron a movilizarse, reclamando respuestas y visibilizando el conflicto. La comunidad observa con preocupación y desconfianza, porque lo que está en juego no es solo un salario: es la credibilidad de un sistema que debería proteger a los más vulnerables y que, en este caso, parece haberlos dejado librados a su suerte.
La duda que persiste
En Salto, el conflicto sigue abierto. Los trabajadores esperan que alguien se haga cargo, que aparezca una solución concreta y que se reconozca la deuda acumulada. La pregunta que atraviesa todo el caso es simple pero contundente: ¿quién es el verdadero responsable? ¿El MIDES, por no controlar a la empresa y no garantizar el pago? ¿La empresa, por incumplir con sus obligaciones laborales? ¿O ambos, por haber armado un esquema que deja a los trabajadores desprotegidos?
Lo único claro es que los empleados del refugio, que dedicaron meses a tareas de limpieza y apoyo en un servicio social vital, hoy están sin cobrar y sin respuestas. Y en esa frontera difusa entre ministerio y empresa, la deuda con ellos sigue creciendo.
