Un violento episodio sacudió la tranquilidad matutina en la terminal de ómnibus de Punta del Este. Un cuidacoches de 32 años fue condenado por la Justicia tras apuñalar en cinco oportunidades a otro trabajador de la zona, de 48 años, en medio de un cruce que escaló en pocos segundos. Pese a la gravedad del ataque con arma blanca, la resolución judicial dictaminó que el imputado cumpla una pena de seis meses bajo el régimen de libertad a prueba.
El hecho ocurrió este viernes en las primeras horas de la mañana, cerca de las 08:40. Según las primeras reconstrucciones policiales basadas en el testimonio de la víctima, ambos hombres mantuvieron un altercado previo por motivos que se intentan establecer. Momentos después de la discusión, el agresor regresó, arremetió contra la víctima y le asestó cinco puñaladas en la zona del tórax, ante la mirada de quienes transitaban por el predio de la terminal fernandina.
Asistencia médica y rápida detención en la escena
Tras la agresión, el hombre herido debió ser asistido de urgencia y derivado a un centro asistencial de Maldonado. Hasta el momento no se brindaron partes médicos oficiales respecto a su evolución clínica o la gravedad de las lesiones sufridas en la cavidad torácica.
Por su parte, efectivos policiales desplegaron un operativo en el perímetro de la terminal y lograron la detención del agresor, identificado como J.A.P.R. Al momento de la aprehensión, el sujeto aún llevaba consigo el arma blanca empleada en el ataque. Al constatarse que carecía de antecedentes penales previos, quedó a disposición de la Fiscalía de turno para la correspondiente indagatoria.
Imputación judicial y medidas sustitutivas
Llevado ante la sede judicial, el hombre de 32 años fue formalizado y condenado en juicio como autor de un delito de lesiones personales especialmente agravado. La tipificación legal contempló la agravante por el uso de arma blanca y la modalidad del ataque cometido en la vía pública.
La sentencia fijó una pena de seis meses de libertad a prueba. Entre las obligaciones dispuestas por el magistrado, el condenado deberá realizar tareas de servicio comunitario y mantenerse bajo la supervisión permanente de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), mientras la víctima continúa su proceso de recuperación médica.
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