La propuesta del Poder Ejecutivo de crear una agencia de inmuebles estatales comenzó a generar debate durante el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas en el Parlamento. La iniciativa busca crear un nuevo organismo con autonomía técnica, administrativa y financiera para administrar, gestionar y disponer de bienes inmuebles del Estado, pero desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre el alcance de sus atribuciones y la posibilidad de que amplíe la participación estatal en actividades de carácter comercial.
Los artículos 40 y 41 del proyecto establecen la creación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales, una persona jurídica de derecho público no estatal que estará vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según la exposición de motivos que acompaña la iniciativa, el objetivo es fortalecer la institucionalidad encargada de administrar el patrimonio inmobiliario estatal y mejorar el aprovechamiento de aquellos bienes que actualmente se encuentran sin uso o cuya venta pueda generar recursos para el Estado.
Agencia de inmuebles estatales: qué propone el proyecto
El proyecto establece que el nuevo organismo asumirá competencias que hasta ahora desarrolla el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado (Prubie), creado por ley en 2020.
La futura agencia tendría la potestad de recibir, administrar, gestionar y disponer de inmuebles que el Estado le transfiera bajo diferentes modalidades. Además, podrá actuar como administrador de proyectos relacionados con bienes públicos y participar en procesos de transferencia o disposición de propiedades estatales.
Entre las facultades previstas también figura la posibilidad de crear o integrar sociedades comerciales, participar en fideicomisos, consorcios especializados y desarrollar proyectos vinculados a la explotación o gestión de inmuebles públicos cuando estos le sean asignados.
Asimismo, podrá administrar proyectos financiados con recursos públicos, préstamos o donaciones nacionales e internacionales, además de prestar servicios de consultoría y estructurar proyectos tanto para organismos públicos como para el sector privado dentro de su ámbito de competencia.
Cuestionamientos desde la oposición
Las atribuciones previstas para la nueva agencia despertaron reparos entre legisladores de la oposición durante el análisis parlamentario de la Rendición de Cuentas.
Uno de los cuestionamientos más notorios fue planteado por el diputado colorado Gabriel Gurméndez durante la comparecencia del ministro de Economía ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
El legislador sostuvo que las competencias otorgadas al organismo resultan «amplísimas» y advirtió que exceden la simple administración de inmuebles estatales.
Según expresó, el proyecto habilitaría a la agencia a desarrollar actividades que, a su juicio, corresponden al ámbito privado, como la participación en negocios inmobiliarios, consultorías, fideicomisos y distintos emprendimientos comerciales vinculados al patrimonio inmobiliario.
En ese contexto, Gurméndez planteó si el gobierno pretende ampliar la actividad empresarial y comercial del Estado, una orientación que consideró contraria a la necesidad de priorizar recursos y concentrar la acción estatal en funciones esenciales.
De acuerdo con la versión taquigráfica de la comisión parlamentaria, esa interrogante no fue respondida por la delegación del Ministerio de Economía durante la sesión.
El Gobierno apunta a optimizar el patrimonio inmobiliario
Desde el Poder Ejecutivo la iniciativa se presenta como una herramienta para mejorar la utilización de los inmuebles públicos y superar algunas de las dificultades que enfrentó el Prubie desde su creación.
El documento que acompaña la Rendición de Cuentas sostiene que una estructura institucional específica permitirá administrar de forma más eficiente el patrimonio inmobiliario estatal y maximizar el rendimiento económico de aquellos bienes considerados prescindibles.
La intención es concentrar la gestión en un organismo especializado que pueda desarrollar proyectos, coordinar procesos de venta cuando corresponda y promover inversiones relacionadas con inmuebles del Estado.
Los antecedentes del programa de racionalización
La racionalización de inmuebles públicos no constituye una iniciativa nueva.
Durante la administración encabezada por Luis Lacalle Pou, el gobierno impulsó un programa para vender inmuebles considerados innecesarios como parte del denominado plan de austeridad.
Sin embargo, la ejecución fue limitada. Según datos difundidos al finalizar ese período, apenas una veintena de inmuebles fueron vendidos, generando ingresos inferiores a 800.000 dólares.
En ese momento, las autoridades señalaron que uno de los principales obstáculos fue la resistencia de algunos organismos públicos a desprenderse de sus propiedades, además de la escasa demanda existente para determinados inmuebles ubicados fuera de los principales centros urbanos.
Incluso antes de ese programa también existieron iniciativas similares durante anteriores administraciones, aunque ninguna logró consolidar un sistema permanente de administración centralizada del patrimonio inmobiliario estatal.
Más de 8.800 inmuebles registrados
El debate también vuelve a poner el foco sobre el volumen de propiedades que posee el Estado.
Según información de la Dirección Nacional de Catastro obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública, 36 organismos habían registrado un total de 8.832 inmuebles en el Registro Único de Inmuebles del Estado (RUIE).
Entre ellos, el Ministerio del Interior figuraba como el organismo con mayor cantidad de propiedades registradas.
En paralelo, legisladores del Frente Amplio promueven otra iniciativa que propone destinar prioritariamente los inmuebles públicos ociosos a programas de vivienda de interés social y desarrollo habitacional.
Ese proyecto también plantea la creación de un Inventario Nacional de Inmuebles Públicos Ociosos, administrado por la Dirección Nacional de Catastro y con acceso público.
Cómo continuará el debate parlamentario
La creación de la nueva agencia forma parte del proyecto de Rendición de Cuentas que actualmente analiza la Cámara de Diputados.
Durante el tratamiento parlamentario podrían incorporarse modificaciones al articulado o ajustes a las competencias previstas para el organismo.
El debate también permitirá conocer con mayor precisión cómo funcionaría la futura agencia, cuáles serán sus mecanismos de control y de qué forma se coordinará con otros organismos públicos vinculados a la administración del patrimonio estatal.
Mientras el oficialismo sostiene que la propuesta permitirá profesionalizar la gestión de los inmuebles públicos y optimizar recursos, desde la oposición persisten las dudas sobre el alcance de las facultades previstas y el papel que podría asumir el Estado en actividades vinculadas al mercado inmobiliario.
La discusión recién comienza y se perfila como uno de los puntos de mayor intercambio político durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas en el Parlamento.
