Denuncia de Taruselli en Delitos Informáticos tras audios filtrados
La denuncia de Taruselli en Delitos Informáticos marca un nuevo capítulo en la crisis política de Salto. La exdirectora de Desarrollo Social, que renunció tras la difusión de audios privados, acudió a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol para formalizar su reclamo. El paso judicial busca deslindar responsabilidades sobre la filtración y subraya la gravedad institucional del episodio.
Contexto de la renuncia y audios filtrados
Los audios, grabados sin consentimiento según la propia Taruselli, circularon en redes sociales y medios locales, generando un fuerte impacto político. En ellos, la jerarca expresaba su malestar con el cargo y utilizaba expresiones coloquiales que rápidamente se viralizaron. El intendente Carlos Albisu aceptó su renuncia, agradeciendo su gestión y compromiso, pero el caso no quedó allí: la denuncia en Delitos Informáticos abre una dimensión judicial que trasciende lo político.
La gravedad institucional del caso
La decisión de acudir a Interpol refleja que la exjerarca considera la filtración como un hecho de cibercrimen, en línea con lo que establece la normativa uruguaya sobre protección de datos y delitos informáticos. La Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior investiga casos de fraude digital, difusión no autorizada de información y vulneración de la intimidad. En este marco, la denuncia de Taruselli podría derivar en pericias técnicas para identificar el origen y la cadena de circulación de los audios.
Impacto político en la Intendencia de Salto
La renuncia de Taruselli en Salto y su posterior denuncia formal generan un doble efecto: por un lado, reordenan el gabinete departamental; por otro, instalan un debate sobre la cultura institucional y los límites de la privacidad en la política. El área de Desarrollo Social, que ella encabezaba, deberá ser reestructurada en plena coyuntura de crisis, mientras la oposición y la opinión pública siguen de cerca las derivaciones del caso.
