Entre el fútbol y el narcotráfico: el enigma de la coartada que permitió el ascenso de Marset
La historia reciente del narcotráfico en el Río de la Plata guarda un capítulo oscuro en las playas de Canelones. En agosto de 2018, un ajuste de cuentas en Las Toscas terminó con la vida de Alfredo Rondán, amigo de la infancia del hoy prófugo más buscado de la región. Aunque Sebastián Marset fue señalado como el principal responsable del crimen, una peculiar intervención de un oficial de la Policía Nacional cambió el rumbo de su destino legal. Hoy, esa misma figura vuelve al centro del debate parlamentario bajo una premisa que el gobierno de turno prefiere esquivar: ¿actuaba Marset informante policial mientras consolidaba su imperio criminal?
El «testigo» de la Copa Sudamericana
Durante la interpelación al ministro Carlos Negro, el senador Pedro Bordaberry puso el foco en una declaración que, en su momento, resultó providencial para Marset. Se trata del testimonio de un oficial —identificado como el comisario Alejandro Román— quien aseguró ante la Justicia haber estado mirando un partido de fútbol televisado junto al sospechoso en el momento exacto del asesinato de Rondán.
Esta coartada, vinculada a un encuentro entre Nacional y Sol de América en 2018, fue la pieza que permitió la liberación de Marset por falta de pruebas. Sin embargo, investigaciones posteriores han sugerido que el vínculo era más estrecho: reportes judiciales indican que Marset mantenía contactos fluidos con la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo, desde donde incluso se le habría avisado de su orden de captura.
De la cervecería artesanal a la Seccional de Cerro Chato
La trayectoria del oficial Román tras este episodio añade una capa de complejidad al caso. Luego de un período de alejamiento del servicio por razones médicas —tiempo en el que incluso instaló un emprendimiento comercial en su Treinta y Tres natal— el comisario regresó recientemente a la actividad. Actualmente, se encuentra al frente de la Seccional 6 en Cerro Chato, bajo la órbita de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres.
Esta reincorporación ha sido recibida con escepticismo por sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado, quienes consideran que la respuesta del ministro Negro en el Senado fue evasiva. Negro confirmó conocer la identidad del funcionario y señaló que las investigaciones administrativas y penales sobre su conducta fueron archivadas durante la administración anterior, intentando cerrar el foco sobre la gestión actual.
Un expediente perdido y la sombra de la corrupción
El caso Marset es también el relato de una serie de «accidentes» burocráticos. El exministro Nicolás Martinelli denunció públicamente que la carpeta fiscal del homicidio de 2018 se extravió, lo que obligó a abrir una nueva investigación sobre ese hecho específico. La falta de una respuesta contundente sobre si el narcotraficante ostentaba la condición de informante protegido deja un vacío que la oposición promete llenar con nuevas citaciones al Parlamento.
La posibilidad de que un criminal de la talla de Marset haya operado bajo el radar policial uruguayo —o peor aún, con su colaboración— representa un desafío para la credibilidad institucional del país. Mientras Uruguay se prepara para recibir a agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico, el esclarecimiento de estos nexos internos se vuelve una prioridad ineludible para las autoridades de seguridad pública.
