El conflicto entre el astillero español Cardama y el Estado uruguayo no deja de escalar. En un giro que complica aún más la postura oficial, desde la empresa han denunciado formalmente que la decisión de rescindir el contrato para la construcción de los patrulleros oceánicos (OPV) no fue un hecho repentino, sino una hoja de ruta ya marcada por el Ejecutivo cinco meses antes de que se hiciera pública.

La denuncia, impulsada por la defensa del astillero, apunta directamente a la mala fe en la negociación. Según los abogados de la firma, existió una voluntad política deliberada para forzar la salida del contrato, ignorando los avances técnicos y los compromisos asumidos.

La defensa del astillero asegura que el Ejecutivo actuó con premeditación.

La estrategia de la «trampa»

Para Cardama, todo el proceso de auditoría y las posteriores denuncias sobre la garantía de fiel cumplimiento no fueron más que una excusa para validar una rescisión que ya estaba en el escritorio de las autoridades desde mucho antes. La empresa sostiene que se montó una operación mediática y administrativa para justificar un cese que, en los hechos, ya era una decisión tomada.

La denuncia pone en jaque al Gobierno, que siempre defendió su postura alegando que la rescisión fue una medida necesaria tras detectar irregularidades graves —incluyendo la famosa garantía falsa—. Ahora, la respuesta de Cardama no solo busca limpiar el nombre del astillero, sino que abre una puerta peligrosa: si se comprueba que el Gobierno actuó con premeditación, la demanda por daños y perjuicios que podría enfrentar el Estado uruguayo alcanzaría cifras millonarias.

El silencio del Poder Ejecutivo

Mientras tanto, en la Torre Ejecutiva prefieren mantener una postura de cautela. La Administración Orsi, que ha hecho de la rescisión de este contrato una de sus banderas de «transparencia», se ve ahora obligada a responder ante pruebas que, según los denunciantes, confirmarían que el tablero de ajedrez estaba movido desde hace meses.

Este conflicto, que comenzó con la adjudicación en la gestión pasada, se ha transformado en un dolor de cabeza logístico y legal. Con el país sin patrulleros y con una demanda internacional que amenaza las arcas públicas, la denuncia de Cardama no es solo un reclamo comercial: es un misil directo a la línea de flotación de la gestión actual.

La Intendencia de Salto no afloja en su lucha contra el transporte clandestino. Durante los operativos de fiscalización realizados este fin de semana, el área de Gestión de Tránsito procedió al retiro de una chapa matrícula correspondiente a un vehículo que operaba como taxi sin habilitación oficial, lo que popularmente se conoce como «taxi trucho». La medida fue aplicada en el marco del Decreto Departamental N.º 6732/2014, que habilita a los inspectores municipales a actuar ante este tipo de infracciones.

Con esta nueva incautación, el total de matrículas retiradas por transporte irregular de pasajeros asciende a cuatro, sumando la de este fin de semana a las tres obtenidas en controles anteriores. En todos los casos se inicia un expediente administrativo que luego se remite al área Jurídica de la Intendencia para su procesamiento formal.

Controles especializados y trabajo en terreno

Los operativos no son casuales ni improvisados. Desde Gestión de Tránsito se subrayó que las inspecciones están a cargo de funcionarios especialmente capacitados para identificar la prestación de servicios de transporte pago sin la habilitación correspondiente. En cada caso, los inspectores recaban información detallada sobre las características del viaje: origen, destino, tarifa cobrada y condiciones del vehículo.

Este tipo de trabajo en terreno busca proteger tanto a quienes usan el servicio de transporte como a los taximetristas que sí cumplen con todos los requisitos legales y cargan con los costos de habilitación, revisión técnica y seguros obligatorios.

En ese sentido, desde el área municipal se recordó a los usuarios de taxímetros la importancia de verificar, antes de pagar el viaje, que la unidad exhiba en forma visible la planilla tarifaria oficial. Este documento refleja el cuadro tarifario vigente, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y ratificado por la Intendencia de Salto. Su exhibición no es opcional: es una obligación que garantiza transparencia y da certeza al pasajero sobre cuánto debe abonar por el servicio.

Motos en infracción y maniobras de riesgo

Durante la misma jornada de fiscalización, los operativos también dieron como resultado la incautación de dos motocicletas que circulaban en situación irregular y protagonizaban maniobras peligrosas conocidas como «willy», es decir, levantar la rueda delantera mientras se circula a velocidad. Este tipo de conducta pone en riesgo no solo al conductor sino también a peatones y otros vehículos que comparten la vía.

Un proyecto de 33 artículos para regular Uber y Cabify

En paralelo a las tareas de fiscalización, el intendente de Salto, Carlos Albisu, dio un paso significativo al remitir a la Junta Departamental un proyecto de decreto que busca regular y habilitar el funcionamiento de aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, Cabify y otras plataformas similares. La propuesta consta de 33 artículos y representa una apuesta concreta por modernizar el marco normativo del transporte en el departamento.

Desde el Ejecutivo Departamental se entiende que contar con una regulación clara para estas plataformas no solo ordenará el mercado, sino que también contribuirá a reducir el transporte irregular, mejorar la seguridad vial y ampliar las opciones de movilidad disponibles para los salteños. La iniciativa llega en un momento en que ciudades de todo el país debaten cómo incorporar estas aplicaciones dentro de un esquema legal que proteja tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector.

El avance de este proyecto, sumado a la continuidad de los controles en la vía pública, marca una doble estrategia del gobierno departamental: sancionar lo que opera fuera de la ley mientras se construye un camino regulatorio para las nuevas formas de transporte que la tecnología trajo consigo.

Lo que debía ser una pausa reparadora en un viaje familiar terminó de la manera más dolorosa. Un ciudadano uruguayo, de 41 años, falleció este fin de semana mientras se encontraba en el mar, en una de las costas de Brasil. El hombre, que disfrutaba de una jornada de playa junto a su hijo, fue sorprendido por la corriente y no logró salir a flote a pesar de los esfuerzos desesperados de los guardavidas.

El incidente, que ha causado una profunda conmoción, ocurrió en cuestión de segundos. Según los testimonios recabados por las autoridades locales, el hombre estaba dentro del agua acompañando al menor cuando las condiciones del mar cambiaron drásticamente, arrastrándolos hacia una zona de mayor profundidad y oleaje intenso.

El rescate que no alcanzó

Al notar que el padre y el hijo tenían dificultades para mantenerse a flote, el equipo de salvavidas que patrullaba el sector se lanzó de inmediato al agua. Lograron rescatar al niño, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro tras recibir asistencia primaria, pero la situación del adulto fue mucho más compleja.

Cuando finalmente lograron sacarlo a la arena, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos ante la mirada atónita de los bañistas. Pese a la llegada de una unidad de emergencia móvil, los esfuerzos fueron en vano y el hombre falleció en el lugar. La noticia golpeó con fuerza tanto en la comunidad turística donde se encontraban como en Uruguay, donde amigos y familiares comenzaron a recibir la triste notificación.

Una advertencia constante en el verano brasileño

Los servicios de emergencia de la zona insisten una y otra vez en la importancia de respetar las banderas de señalización y consultar con los socorristas antes de ingresar al mar. Las corrientes de retorno, conocidas localmente como correntes de retorno, pueden atrapar incluso a los nadadores más experimentados en zonas que parecen tranquilas pero esconden peligros invisibles bajo la superficie.

La familia del turista está recibiendo asistencia por parte del consulado uruguayo para realizar las gestiones de repatriación de los restos. Este caso vuelve a poner de relieve los riesgos que implica el mar abierto y la importancia de mantenerse en áreas vigiladas, especialmente cuando se viaja con menores. El dolor de esta familia uruguaya es, hoy, una cicatriz más en una temporada marcada por tragedias que pudieron evitarse.