El presidente Yamandú Orsi finalmente rompió el silencio sobre el polémico descuento de 25.000 dólares en su camioneta Hyundai Santa Fe, pero lo hizo con un mensaje que parece más una estrategia de control de daños que una verdadera aclaración. En una puesta en escena cuidadosamente medida, el mandatario admitió que recibió un precio «favorable» y se mostró dispuesto a pagar la diferencia si un organismo de contralor lo considera necesario. Sin embargo, su defensa deja más sombras que luces sobre la ética de un gobernante que, apenas asumió, ya estaba negociando su propio confort a costa de una concesionaria que, casualmente, luego fue beneficiada por el Estado.
La narrativa de Orsi es tan frágil como conveniente: insiste en que actuó de buena fe para «no generar gastos al Estado» comprando un vehículo para sus desplazamientos. Es una justificación insultante para la inteligencia ciudadana. ¿Desde cuándo un presidente electo necesita que una concesionaria le subsidie 25.000 dólares de su patrimonio personal para «moverse seguro»? Lo que el mandatario llama «oportunidad» es, para cualquier ciudadano con sentido común, un favor que cobra factura, especialmente cuando esa misma empresa termina siendo proveedora de ASSE bajo sospechosas excepciones del TOCAF.
El «pago si me lo piden» como cortina de humo
El tramo más cínico del mensaje presidencial es su disposición a pagar la diferencia si se lo indican. Es una declaración de principios vacía: Orsi sabe perfectamente que, en el entramado burocrático uruguayo, una investigación de fondo que lo obligue a desembolsar dinero de su bolsillo es un proceso largo, engorroso y, posiblemente, frenado por los mismos mecanismos que él ahora invoca. Es una forma de decir «no soy culpable, pero si me presionan, devuelvo el vuelto», una táctica clásica de quien se siente acorralado por la evidencia.
Además, su intento por despegarse de la elección del auto de la asunción es una mancha más al tigre. Desconocer cómo se eligió el vehículo oficial para su ceremonia de investidura, cuando es la máxima autoridad del país, suena a una ignorancia fingida para eludir responsabilidades. Si el presidente no sabe qué auto le provee el Estado para su acto de asunción, ¿qué nivel de control tiene realmente sobre el resto de su administración?
Ver esta publicación en Instagram
Una disculpa que llega tarde y mal
Orsi cerró su alocución con una disculpa «si su proceder ofendió a alguien». Es la clásica disculpa de quien no se siente responsable del acto en sí, sino de la incomodidad que causó el hecho de que se descubriera. La verdad, como él mismo dijo, no se dibuja; pero en este caso, la verdad está manchada por la sospecha de un tráfico de influencias que el presidente intenta minimizar con un discurso de «transparencia» que nadie le pidió y que nadie cree.
El daño ya está hecho. El presidente ha quedado expuesto como alguien que, en lugar de poner distancia con los intereses privados, los integra a su vida cotidiana con descuentos millonarios. Uruguay no necesita un presidente que tenga que pedir disculpas por sus negocios personales al inicio de su mandato; necesita un jefe de Estado que no tenga que dar explicaciones sobre el origen de las llaves de su camioneta. Orsi podrá prometer que trabajará por el bien del país, pero la mancha de la concesionaria será, a partir de hoy, una sombra que perseguirá cada una de sus futuras decisiones.
