El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, informó este martes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que el Poder Ejecutivo retirará el artículo referido a la libertad anticipada del proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP). La decisión responde a las reacciones adversas de diversos sectores sociales y políticos que advirtieron que la norma podría beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad.
Retirada de la libertad anticipada
Según declaraciones de Díaz recogidas durante la sesión parlamentaria, la intención inicial del artículo era resolver situaciones de «estricta justicia», particularmente orientadas a mujeres condenadas por el ingreso de pequeñas cantidades de estupefacientes a centros penitenciarios. No obstante, el jerarca confirmó que «el artículo será retirado del proyecto original» debido a la falta de consenso y a las críticas de organizaciones como Crysol y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Díaz explicó que la bancada de senadores del Frente Amplio, en coordinación con el Ejecutivo, acordó remover la redacción actual para evitar que el beneficio afectara a los recluidos en la cárcel de Domingo Arena, aunque manifestó la esperanza de encontrar fórmulas alternativas durante la discusión parlamentaria.
Defensa de la suspensión condicional y el proceso abreviado
Durante la comparecencia, el prosecretario defendió la restitución de la suspensión condicional del proceso, eliminada anteriormente por la Ley de Urgente Consideración (LUC). Díaz argumentó que la falta de este instrumento deriva en «impunidad» en ciertos casos y subrayó la importancia de que los ciudadanos puedan evitar antecedentes penales bajo requisitos específicos.
Asimismo, el debate se centró en el proceso abreviado. Díaz calificó como un «mito» que en el sistema anterior no se negociara entre fiscales, jueces y defensores. Por su parte, el penalista Florencio Macedo, representante del Colegio de Abogados, respaldó el instituto afirmando que evita a los imputados las «miserias» de un proceso penal extenso. Para reforzar las garantías, el proyecto incluye una nueva causal de revisión en caso de que el consentimiento del condenado sea viciado.
Criterios de prisión preventiva y plazos
La comisión también analizó los criterios de prisión preventiva. El ministro de apelaciones José María Gómez señaló que, en la práctica, esta medida suele aplicarse basándose en la «gravedad del delito», argumento que fue cuestionado por el senador Andrés Ojeda (Partido Colorado), quien sostuvo que dicho criterio es «estrictamente subjetivo» y no debería ser suficiente para justificar el riesgo de fuga por sí solo.
