La purga en Salud Pública ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en un terremoto institucional. Lo que comenzó como una «renovación de perfiles» ha mutado en un vaciamiento de la cúpula técnica del Ministerio de Salud Pública (MSP). Este jueves, la ministra Cristina Lustemberg se apresta a anunciar una decena de cambios jerárquicos, en un intento desesperado por retomar el control de una cartera que parece navegar entre la insubordinación de sus técnicos y una agenda ideológica que choca contra la realidad del mercado sanitario.
El respaldo de Orsi: una carta con doble filo
El presidente Yamandú Orsi ha optado por la cautela diplomática, pero con un mensaje subyacente que no pasó desapercibido en la Torre Ejecutiva. Si bien transmitió su apoyo a Lustemberg para realizar las remociones necesarias, el mandatario fue enfático: cada secretario de Estado debe «hacerse responsable» por las consecuencias de sus decisiones. En términos políticos, Orsi le ha soltado la mano a la improvisación; el apoyo es administrativo, pero la responsabilidad política ante un eventual colapso de la gestión sanitaria será exclusivamente de la ministra.
Esta crisis se dispara tras la salida estrepitosa de Fernanda Nozar, quien lideraba la Dirección General de Salud (Digesa). Nozar, una profesional de altísimo prestigio académico, dejó su cargo en medio de «tensiones de coyuntura» que ocultan una grieta más profunda: la resistencia de los técnicos a una conducción que prioriza la lealtad política sobre el rigor científico. A ella se sumó Gilberto Ríos, su número dos, y Steven Tapia Villacis, una pieza clave en Inmunizaciones que prefirió el refugio de la Udelar antes que seguir bajo el mando de una gestión desgastada.
El círculo de hierro y la sombra de ASSE
Para tapar los baches de esta purga en Salud Pública, Lustemberg se ha recluido en su «mesa chica», un grupo donde la confianza personal pesa más que la idoneidad técnica en salud pública. En este círculo destaca Álvaro Danza, presidente de ASSE y médico personal de Orsi, quien hoy enfrenta su propio calvario mediático. La jugada de Danza de denunciar penalmente a la gestión anterior de Leonardo Cipriani ha sido interpretada por muchos como una cortina de humo para ocultar las irregularidades actuales, como el pago de primas por «dedicación permanente» mientras mantenía otros empleos.
La salida de Daniel Olesker de la vicepresidencia de ASSE hacia el Ministerio de Industria termina de confirmar el cuadro: los cuadros políticos que no comulgan con el verticalismo de Lustemberg o que mantienen una visión menos radicalizada sobre el sistema de salud están siendo eyectados o desplazados a otras áreas del Estado.
Ideología vs. Realidad: la guerra por los salarios y seguros
El trasfondo de esta crisis no es solo de nombres, sino de una visión filosófica que ha puesto en pie de guerra al Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Lustemberg ha coqueteado públicamente con la idea de «topear» los salarios médicos y restringir el mercado de los seguros privados, calificando a la salud como un derecho que «no puede regular el mercado». Estas declaraciones le valieron un choque frontal con José Minarrieta, presidente del SMU, quien le recordó que el gremio defenderá a rajatabla el salario de sus afiliados.
Por si fuera poco, el diputado Federico Preve ha lanzado su propia agenda, impulsando un proyecto de ley que triplica los aportes de los seguros privados al Fonasa. Esta iniciativa ha generado una fractura interna en el Frente Amplio. Mientras la ministra intenta mantener una hoja de ruta institucional, su propio sector político y aliados parecen estar jugando una «partida propia» que asfixia al sistema mutual y genera pánico en los seguros privados y en las instituciones del interior agrupadas en Fepremi.
¿Entre gauchos no se pisan el poncho?
A pesar de las denuncias cruzadas y de la creación de comisiones investigadoras parlamentarias solicitadas por el Partido Nacional para indagar gestiones desde 2015, en la política uruguaya siempre sobrevoló una máxima no escrita. Sin embargo, en esta oportunidad, la ferocidad de los ataques parece haber roto los códigos de convivencia. «Entre gauchos no se pisan el poncho», suele decirse en el interior profundo, pero en los despachos del MSP el poncho está más que pisoteado. La decisión de Danza de judicializar la gestión anterior ha roto el pacto de caballeros y ha obligado a la oposición a contraatacar con una investigación que promete sacar a la luz desde contrataciones de «brindis para 700 personas» hasta licitaciones de traslados sospechosamente adjudicadas a taxistas.
El malestar también hierve en los escalafones bajos del Ministerio. La figura de Rodrigo Márquez, director general de Secretaría y hombre de máxima confianza de Lustemberg, es vista como un obstáculo autoritario que intenta ejercer un «puente» que más bien parece un muro. Los directores de área se quejan de una jerarquía paralela donde Márquez manda sobre sus pares, interviniendo incluso en detalles tan pedestres como la reestructura edilicia del edificio, que casi termina en un motín de los trabajadores de Digesa.
Conclusión: Un Ministerio en estado de sitio
La purga en Salud Pública que se concreta hoy es el síntoma de un organismo que ha perdido la brújula técnica en favor de una trinchera ideológica. Lustemberg se queda con los «leales», pero pierde a los «capaces». Con el presidente Orsi mirando de reojo y una comisión investigadora en ciernes, el Ministerio de Salud Pública entra en una fase de inestabilidad donde el único perjudicado, al final del día, será el usuario del Sistema Nacional Integrado de Salud. La salud de los uruguayos no debería ser el botín de guerra de una interna partidaria, pero los hechos demuestran que, hoy por hoy, en el MSP la política le ha ganado la partida a la medicina.
