La confianza ciega en la gestión de las obligaciones tributarias se transformó en la peor pesadilla para una importante cantidad de pequeños y medianos empresarios del sur del país. Una investigación de carácter penal busca esclarecer las ramificaciones de una compleja estafa en San José, llevada adelante por una mujer que operaba como gestora y contadora sin poseer la habilitación ni los títulos profesionales correspondientes. La implicada utilizó su cercanía con los comerciantes para vaciar sus presupuestos destinados a cargas sociales, generando deudas millonarias ante los organismos recaudadores del Estado.
El engaño, que permaneció oculto durante varios ejercicios fiscales gracias a la pericia de la maniobra, comenzó a desmoronarse cuando diversos contribuyentes intentaron tramitar certificados de vigencia o solicitar líneas de crédito bancarias. Fue en ese instante que las oficinas del BPS y de la DGI notificaron a los titulares de las firmas que arrastraban atrasos masivos, recargos por mora y ejecuciones administrativas inminentes por montos que, en los casos más severos, superan largamente los siete dígitos en moneda nacional.
Comprobantes adulterados y desvío sistemático de dinero
El mecanismo utilizado para consolidar la estafa en San José combinaba la manipulación digital con el abuso de la confianza personal. De acuerdo con las pericias informáticas primarias aportadas por los asesores legales de los damnificados, los comerciantes le entregaban mensualmente en efectivo o mediante transferencias bancarias las sumas correspondientes a las liquidaciones impositivas de sus planillas.
La mujer, en lugar de ingresar el dinero a los servidores de las entidades públicas, utilizaba programas de edición gráfica para alterar viejas boletas de pago, modificando las fechas de vencimiento, los montos y los códigos de barras de los comprobantes. Estas impresiones apócrifas eran entregadas posteriormente a los empresarios como supuesta garantía del cumplimiento del trámite, permitiéndole a la falsa gestora desviar las remesas de capital hacia gastos suntuosos y cuentas particulares sin levantar sospechas en los cierres de caja mensuales.
Aluvión de denuncias penales en la Fiscalía departamental
Ante la gravedad del perjuicio económico y el inminente cierre de varias empresas familiares que no pueden afrontar las deudas acumuladas por la estafa en San José, las sedes fiscales de la capital departamental comenzaron a centralizar los expedientes de las víctimas. Los abogados patrocinantes exigen la inmediata imputación de la mujer por delitos continuados de estafa en concurso formal con falsificación de documentos privados, solicitando además el embargo preventivo de sus bienes y cuentas para intentar recuperar parte de los activos robados.
Mientras los inspectores de los organismos públicos analizan posibles flexibilizaciones o convenios de refinanciación especiales para los comerciantes que demuestren haber sido víctimas de este engaño, la Jefatura de Policía de San José emitió una serie de recomendaciones para evitar maniobras similares. Las autoridades recuerdan a la población comercial la importancia de verificar periódicamente el estado de cuenta fiscal mediante los usuarios en línea de los portales gubernamentales, evitando delegar de forma absoluta el control de las claves de acceso de los sistemas de facturación electrónica a terceras personas.
