La medicina, ese altar de ciencia y cuidado donde Soledad Barrera entregaba sus días como pediatra, terminó convirtiéndose en su propia sentencia de muerte. Tenía 41 años, una carrera por delante y la confianza plena en un sistema que, el 26 de octubre de 2023, le dio la espalda de forma irreversible. Entró al quirófano para una extracción de vesícula, una cirugía de rutina, y nunca más volvió a hablar. Diez meses de estado vegetativo después, su vida se apagó, dejando tras de sí un rastro de negligencia que hoy vuelve a doler, ya no por la biología, sino por la política.
La controversia tras la sanción a la anestesista
El nombre de Cristina Lustemberg, actual ministra de Salud Pública, quedó en el ojo de la tormenta tras conocerse una resolución que muchos consideran un agravio a la memoria de la víctima. La Comisión Honoraria de Salud, tras una investigación exhaustiva, había determinado que la muerte de Soledad era «evitable» y recomendó una inhabilitación de cinco años para la anestesista responsable. Sin embargo, la ministra, amparada en un asesoramiento que hoy defiende a capa y espada, decidió que cinco años eran «excesivos» y redujo la sanción a tres.
Esta firma no solo recortó el castigo administrativo, sino que fracturó la interna del Ministerio de Salud Pública. La renuncia en masa de los integrantes de la Comisión Honoraria fue la respuesta técnica a lo que consideraron un ninguneo a su labor. Para los expertos que analizaron el caso, la gravedad de los errores cometidos en aquel quirófano no admitía medias tintas ni reducciones por «buena conducta» burocrática.
El «pedestal» roto y el reclamo de justicia
Rosario Barrera, madre de la pediatra fallecida, rompió el silencio con una mezcla de cansancio y decepción profunda. Sus palabras no son solo un ataque a una gestión, sino el lamento de quien ve caer un ídolo. «Mi hija la tenía en un pedestal a Lustemberg», confesó Rosario en una charla cargada de humanidad. La ironía de la vida es cruel: la mujer a la que Soledad admiraba es hoy quien facilita el regreso al ejercicio profesional de la persona que le quitó la vida.
El relato de Rosario describe un sistema judicial y sanitario herido. Para ella, el acuerdo abreviado que permitió a la anestesista cumplir una pena de libertad a prueba y arresto domiciliario parcial fue el primer golpe. La resolución ministerial de bajar la inhabilitación es, en sus palabras, la confirmación de que «la medicina y la justicia están muy mal. La madre de la víctima no encuentra consuelo en los tecnicismos legales; solo ve la ausencia de una hija y la pronta libertad de quien falló en su deber sagrado de proteger la vida.
Una decisión política que no retrocede
A pesar de la presión en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y los cuestionamientos directos de la oposición, la ministra Lustemberg se mantiene firme. Asegura que su decisión fue meditada y asesorada, y que no planea modificar la resolución del 2 de febrero que acortó la sanción.
Mientras tanto, en el seno de la familia Barrera, el dolor se transforma en una pregunta sin respuesta: ¿qué vale más en Uruguay, la carrera de un profesional que comete mala praxis o la vida de un paciente que confía en el sistema? Rosario Barrera planea asesorarse para ver si existe algún resquicio legal que permita revertir esta rebaja. Por ahora, lo único que queda claro es que la herida del caso Soledad Barrera sigue abierta, sangrando la confianza de una sociedad que mira con desconfianza los pasillos de sus hospitales y los despachos de sus gobernantes.
