La jerarca máxima del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, se presentó durante la jornada del martes ante los legisladores de la comisión de salud de la cámara baja para dar cuenta del estado actual de la gestión de Lustemberg y los indicadores del sistema sanitario. En una instancia marcada por la discusión sobre el financiamiento y la calidad de los servicios esenciales como el agua en la zona metropolitana, la ministra buscó transmitir una imagen de control y proyección institucional, a pesar de los ruidos internos que han sacudido a la cartera en las últimas semanas
Durante su alocución, la ministra remarcó que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) atraviesa una etapa de estabilidad, destacando que su estructura posee una justicia redistributiva que coloca al país en una posición competitiva a nivel internacional. Lustemberg reconoció que existen ciertos desajustes financieros en prestadores específicos, pero enfatizó que la prioridad de su administración sigue siendo la incorporación de nuevas prestaciones y la mejora en el acceso a fármacos para patologías crónicas
El impacto de la gestión de Lustemberg frente a los desafíos demográficos
La titular de salud pública no evadió los retos que imponen el envejecimiento poblacional y la prevalencia de enfermedades no transmisibles en la sociedad uruguaya. Según la ministra, el sistema debe adaptarse de forma constante para responder a la demanda que genera la longevidad, lo que implica una revisión técnica de los decretos que regulan los tiempos de espera y la entrega de medicación prolongada. En este sentido, destacó las recientes señales de su gestión para facilitar el acceso a tratamientos, obligando a los prestadores a garantizar recetas por plazos de hasta un año en casos específicos
Sin embargo, el clima de calma técnica se vio interrumpido por las interrogantes sobre la gobernanza interna del ministerio. Lustemberg confirmó que ha recibido dimisiones dentro de su gabinete, aunque les restó dramatismo al calificarlas como movimientos motivados por razones de índole personal o académica. No obstante, el foco de la tensión se encuentra en la Comisión Nacional Honoraria Asesora, donde un grupo de integrantes manifestó su intención de abandonar sus cargos en clara señal de rechazo a una decisión administrativa tomada por la propia ministra
La polémica sanción que fracturó a la comisión asesora
El origen del conflicto radica en el expediente de una profesional de la anestesiología que fue hallada responsable de un trágico caso de mala praxis en el año 2023. El incidente, que derivó en la muerte de una pediatra tras una intervención de vesícula, ya había tenido consecuencias en la justicia penal, donde la médica fue condenada a 24 meses. En el ámbito administrativo, la comisión técnica había sugerido inicialmente una inhabilitación de cinco años para el ejercicio de la especialidad, medida que fue ratificada en 2024
La crisis estalló cuando, bajo la gestión de Lustemberg, se decidió rebajar dicha sanción de cinco a tres años. La ministra justificó este movimiento señalando que actuó bajo el estricto asesoramiento de la Dirección Jurídica del MSP y en respeto al derecho de defensa de la profesional involucrada. «Es un acontecimiento triste que me ha conmovido en lo personal», afirmó la jerarca ante la prensa, aclarando que la rehabilitación de la anestesista no será automática, sino que dependerá de una nueva evaluación por parte de la cátedra académica de anestesiología
Presión política y convocatoria al senado
La repercusión de estos hechos no se limitó a los pasillos del ministerio. El senador del Partido Nacional, Martín Lema, anunció que volverá a citar a la ministra a la comisión de salud del senado para que brinde explicaciones detalladas sobre la ola de renuncias y los criterios utilizados para modificar sanciones por mala praxis. Para la oposición, el alejamiento de técnicos calificados en desacuerdo con la cúpula del ministerio podría ser un síntoma de fallas en la conducción política de la salud
Por su parte, Lustemberg insistió en que el proceso está bajo revisión constante y que cada paso administrativo ha sido evaluado para garantizar la seguridad jurídica del organismo. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención el desenlace de esta crisis interna, en un contexto donde la confianza en los mecanismos de control del sistema de salud resulta fundamental para la tranquilidad de los usuarios. La resolución final sobre las renuncias pendientes y la firmeza del SNIS serán los ejes que determinen el éxito o el desgaste de la gestión de Lustemberg en este tramo de su mandato
