La descomposición absoluta de Bolivia ya no se puede disimular con retórica populista. El bloqueo criminal que asfixia a las principales ciudades del país es el último manotazo de ahogado de un líder cocalero que convirtió el territorio en un santuario del crimen organizado regional y que hoy desafía al Estado con armas de guerra ruso-venezolanas.
El colapso de Bolivia dejó de ser una crisis política convencional para transformarse en una dolorosa radiografía de un narcoestado en fase terminal. Lo que hoy se vive en las rutas bloqueadas, con desabastecimiento de oxígeno en los hospitales y la trágica muerte de civiles rehenes del asedio, no es una protesta social; es una guerra franca declarada por Evo Morales contra un gobierno civil débil, el mismo al que ayudó a parir y con el que mantuvo una alianza que hoy se resquebraja de la peor manera.
En las mesas de análisis de la región y en los despachos diplomáticos que miran con espanto el corazón de Sudamérica, la pregunta se repite con insistencia: ¿Cómo es posible que un hombre con tres órdenes de aprehensión por delitos tan aberrantes como el abuso y secuestro de menores, y con un prontuario internacional que lo vincula al entramado logístico de los principales cárteles, siga dictando los destinos de un país desde su trinchera del Chapare? La respuesta es tan simple como demoledora: la impunidad de Morales fue construida a mano, desmantelando sistemáticamente las instituciones de control.
La devaluación de la soberanía y el desembarco transnacional
La debacle actual comenzó a acelerarse el primer día de mayo, inmediatamente después de que el Comando Sur de los Estados Unidos asomara la nariz para coordinar con el gobierno formal de Rodrigo Paz una estrategia de combate al narcotráfico. Ese movimiento encendió las alarmas en el cuartel general de los cocaleros. La reacción de Morales no fue ideológica, fue puramente corporativa. Necesitaba blindar las hectáreas de hoja de coca ilegal que su administración expandió de manera descontrolada desde el año 2003, pasando de un piso de contención a una virtual autopista de materia prima para la cocaína.
Bajo el paraguas protector del eje Caracas-La Habana, el régimen de Morales no solo expulsó a la DEA y mandó al diablo los convenios internacionales; convirtió a Bolivia en el nodo logístico predilecto de las mafias paraguayas, brasileñas y colombianas. Los datos históricos son irrefutables y eximen de mayores comentarios: desde los jefes antinarcóticos de su gestión condenados en territorio norteamericano hasta la escandalosa comodidad con la que operaron personajes de la talla de Sebastián Marset o los herederos del Cártel de Sinaloa.
El territorio boliviano se transformó en una gigantesca zona franca para el crimen organizado, un lugar donde los narcos no solo encontraban refugio, sino que además cursaban escuelas de aviación civil bajo la mirada cómplice o directamente inútil de una policía absolutamente penetrada por el dinero sucio.
El espejo de Ecuador y la cobardía militar
La comparación con el escenario regional es inevitable y deja en evidencia la orfandad en la que se encuentra el ciudadano boliviano de a pie. Mientras en Ecuador el presidente Daniel Noboa tuvo el coraje político de reconocer la incapacidad de sus fuerzas internas y pedir auxilio internacional para descabezar a las bandas criminales en cuestión de semanas, el gobierno boliviano asiste replegado y temeroso al avance de los milicianos del Chapare.
Las denuncias oficiales sobre emboscadas a ministros con armamento pesado de origen ruso y la supuesta presencia de tecnología de drones de Hezbollah en el trópico de Cochabamba ya no sorprenden a nadie. El ejército y la policía boliviana perdieron el control territorial de su propio país. No entran al Chapare porque saben que allí adentro las reglas del juego las dicta un ejército irregular financiado por la economía ilegal.
Bolivia se convirtió en un peligro vivo para sus vecinos. Exceptuando la llamativa ceguera política que se exhibe desde Brasilia, el resto del continente observa con justificado temor cómo el «jefazo» se atrinchera en su feudo cocalero, utilizando el hambre y la escasez de dos millones de habitantes en La Paz como escudo humano para negociar su impunidad judicial. Evo Morales es, a todas luces, un extraditable que desafía las fronteras y los tratados, amparado por un sistema político degradado que él mismo moldeó a su imagen y semejanza.
