El sistema previsional uruguayo se encuentra en una fase de definiciones críticas tras la entrega oficial de las conclusiones del Diálogo Social al Poder Ejecutivo. El documento, que servirá de base para futuras modificaciones legislativas, ha encendido las alarmas en diversos sectores técnicos que ven con preocupación la reconfiguración del pilar de ahorro individual y la posible flexibilización de la edad de retiro.
Aunque el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, han intentado dar señales de tranquilidad asegurando que no se busca eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), la propuesta de centralizar la gestión de las cuentas en un organismo público ha sido interpretada por analistas como un avance del Estado sobre el sector privado. La discusión ya no se centra solo en la sostenibilidad, sino en la naturaleza misma de la propiedad de los fondos.
La reforma de las AFAP y el sistema previsional uruguayo
Uno de los puntos más polémicos radica en la «desintegración vertical» del servicio que actualmente prestan las administradoras. La propuesta sugiere que un ente estatal gestione las cuentas individuales de los afiliados, mientras que la inversión de esos capitales se licite entre actores públicos y privados. Para economistas como Ignacio Munyo, director de Ceres, este movimiento es una «nacionalización» de tareas que hoy realiza el sector competitivo, sin que se perciba un beneficio real para el jubilado final.
Desde el Ministerio de Economía, Oddone sostiene que el objetivo es puramente técnico: reducir costos operativos y eliminar duplicaciones comerciales que no aportan rentabilidad al fondo. Sin embargo, los cálculos manejados por centros de estudios sugieren que la ganancia de eficiencia sería marginal, impactando mínimamente en el monto de las futuras pasividades. La duda persistente es si el Estado podrá gestionar de forma más ágil procesos que hoy involucran a cientos de trabajadores especializados en el ámbito privado.
El riesgo fiscal del retorno a los 60 años
Más allá de la gestión de los fondos, el debate sobre la edad de jubilación ha generado los calificativos más severos. La idea de habilitar una causal de retiro a los 60 años —deshaciendo parcialmente la reforma de 2023— es vista por especialistas como Agustín Iturralde, del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), como una «locura absoluta». El argumento central es que el sistema actual no tiene margen financiero para soportar una reversión de este tipo sin disparar el déficit fiscal.
A pesar de que el Diálogo Social propone mecanismos de desincentivo para que las personas opten por seguir trabajando hasta los 65 años, la implementación técnica de estos «frenos» es cuestionada. Para los sectores de menores ingresos, se busca garantizar que no cobren menos que con el régimen anterior, lo que implicaría un subsidio estatal directo que, según analistas, difícilmente sea fiscalmente neutro.
Hacia una nueva gobernanza técnica
El enfoque del economista Sebastián Fleitas, quien participó del proceso de discusión, apunta a que el régimen mixto ha operado de manera insatisfactoria debido a una competencia acotada entre las AFAP. Su diagnóstico sugiere que separar la administración masiva de cuentas de la gestión estratégica de inversiones podría profesionalizar el sistema y blindar los ahorros ante sesgos políticos.
Sin embargo, la transición hacia este modelo requeriría una gobernanza extremadamente robusta. El Poder Ejecutivo ahora tiene la tarea de procesar estos insumos y decidir qué parte de la «letra chica» del Diálogo Social se convertirá en proyecto de ley. Con la sombra del plebiscito de 2024 aún presente —donde la ciudadanía rechazó la eliminación total de las AFAP—, el Gobierno debe moverse en un equilibrio delgado entre las presiones sindicales y la necesaria responsabilidad fiscal que exige el sistema previsional uruguayo.
La próxima semana será clave para conocer si el Gobierno adoptará medidas para «blindar» los fondos de ahorro ante usos no jubilatorios, una promesa de Oddone para generar certezas en un mercado que observa con cautela cada movimiento del nuevo equipo económico.
