El ascenso de González a contralmirante de la Armada Nacional detonó una de las sesiones más violentas y fracturadas del Senado uruguayo en los últimos años. Lo que debió ser un trámite administrativo de promociones militares se transformó en un campo de batalla político donde volaron acusaciones de «mandadero», «autoritarismo» y gestos «antirrepublicanos». El nombre de Ismael González, capitán de navío, quedó atrapado en el centro de una tormenta que tiene como telón de fondo el fallido contrato con el astillero español Cardama, una herida que el sistema político parece no poder cerrar.
La jornada comenzó con un intento fallido del Frente Amplio de declarar la sesión como secreta. La oposición pretendía proteger la discusión del legajo personal del militar, pero el Partido Nacional y el Partido Colorado impidieron el cerrojo informativo. A partir de allí, la transparencia se convirtió en un desfile de trapitos al sol. Los senadores de la coalición de gobierno no escatimaron en detalles sobre la foja de servicios de González, exponiendo sanciones por inconductas en misiones en el exterior, denuncias de insubordinación y hasta amenazas a superiores.
Las claves detrás del ascenso de González y el caso Cardama
El nudo crítico de la discusión no fue solo el comportamiento individual del militar, sino su rol en la inspección a la empresa Cardama en Vigo. El senador blanco Sergio Botana fue el más incisivo al enumerar las faltas de González: desde disturbios en locales bailables en el extranjero hasta el ocultamiento de robos en su unidad. La pregunta lanzada al aire por el oficialismo fue letal: ¿se está premiando la capacidad profesional o se está colocando a un «mandadero» político en la cúpula de la Armada? La mención a Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, como el titiritero detrás de esta venia, elevó la temperatura a niveles insoportables.
El ataque personal también llegó desde la banca de Sebastián Da Silva, quien reveló que al futuro contralmirante lo apodan «El Fatiga», sugiriendo irónicamente que su ascenso no se debe precisamente a su contracción al trabajo. Desde el oficialismo, la defensa fue igualmente agresiva. Felipe Carballo y Bettiana Díaz sostuvieron que González está siendo perseguido políticamente por haber participado en el proceso de Cardama, un contrato que el gobierno de Luis Lacalle Pou terminó rescindiendo tras meses de polémicas. El Frente Amplio acusó a los blancos de «dinamitar» a las Fuerzas Armadas solo para tapar el fracaso de la compra de las patrullas oceánicas.
El polémico Tribunal de Honor y el choque republicano
Sin embargo, el momento más oscuro de la tarde ocurrió cuando el Frente Amplio presentó una moción para enviar las versiones taquigráficas de la sesión al Ministerio de Defensa, con el fin de que un Tribunal de Honor militar juzgara si las acusaciones de los senadores lesionaban el honor de González. Esta movida fue calificada de «antirrepublicana» por la bancada oficialista. El senador Javier García se dirigió directamente a la vicepresidente Carolina Cosse, advirtiendo que someter las opiniones de los legisladores al imperio de un tribunal militar era un retroceso democrático sin precedentes.
La idea de que militares juzguen a civiles o a los discursos de los representantes del pueblo despertó fantasmas del pasado. Botana llegó a hablar de un «autoritarismo» latente en la izquierda, cuestionando si el siguiente paso sería el «paredón» para quienes discrepan. Tras un clima de tensión extrema y dos cuartos intermedios, el Frente Amplio tuvo que retroceder y aclarar que el envío de las actas al Ministerio de Defensa no implicaba la convocatoria forzosa de un tribunal militar, aunque el daño político ya estaba hecho.
Un ascenso con sabor amargo para la Armada
Al final de la jornada, el ascenso de González fue aprobado, pero con un costo institucional altísimo. Las otras tres venias para contraalmirante (Fontanot, Ricciardi y Marqués) pasaron casi inadvertidas, eclipsadas por el barro de una discusión que dejó a la Armada Nacional en una posición de extrema vulnerabilidad. Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, resumió el sentimiento de la coalición al afirmar que González «ostentará el triste título de ser oficial almirante del Frente Amplio y no de la Armada».
Este episodio deja preguntas abiertas sobre los criterios de promoción en las Fuerzas Armadas y el nivel de incidencia de las internas partidarias en los mandos militares. Mientras el Ministerio de Defensa recibe ahora las versiones taquigráficas de una sesión que muchos preferirían olvidar, queda claro que el caso Cardama sigue cobrando facturas en la política uruguaya. El honor militar y la ética republicana fueron, por unas horas, rehenes de una disputa que parece estar lejos de terminar.
