Las denuncias públicas sobre el manejo de recursos en la Intendencia de Salto marcaron la segunda gestión de Andrés Lima. Se cuestionó el uso de camiones municipales, la entrega de materiales y la promesa de terrenos con fines partidarios, según presentaciones y audios que circularon durante 2023 y 2024. Además, surgieron señalamientos por la expedición irregular de licencias de conducir que derivaron en renuncias de jerarcas del área de Movilidad Urbana.
Por otro lado, ediles de la oposición y un diputado formalizaron denuncias penales por presunto clientelismo y abuso de funciones. En esos escritos se describieron prácticas como destinación discrecional de recursos y nombramientos vinculados a apoyos políticos. Lima rechazó las acusaciones y las atribuyó a disputas electorales, mientras defendió que no hubo aval institucional para conductas irregulares.
Mientras tanto, la Junta Departamental analizó parte de estos asuntos y resolvió archivar actuaciones sin remitirlas a la Justicia. Esa decisión se apoyó en que, según la mayoría, no había méritos suficientes para dar el paso judicial en ese momento. Sin embargo, el debate político en Salto se mantuvo encendido y el tema siguió en la agenda pública.
En paralelo, la Intendencia informó haber iniciado investigaciones administrativas internas por el caso de las licencias. Tras las renuncias en la dirección de Tránsito, se produjeron cambios que también generaron controversia por presuntos vínculos de confianza entre jerarcas. Aun así, no se reportaron imputaciones penales a Lima por esos episodios.
Además, informes de control observaron el manejo financiero de la comuna durante la administración. Se registraron objeciones a resoluciones de gasto y, al final del período, la nueva administración señaló dificultades de caja y deudas heredadas. Desde el Frente Amplio local se replicó que esas afirmaciones tenían un sesgo político y no reflejaban la totalidad de los números.
Sin embargo, el punto central para la ciudadanía fue el ritmo de la causa penal principal. Según se informó públicamente, la Fiscalía no avanzó con citaciones ni imputaciones durante varios meses posteriores a la denuncia formal. En los hechos, no hay una condena vigente contra Andrés Lima y el expediente continuó sin movimientos visibles hacia audiencias clave.
En síntesis, el caso combina denuncias políticas, observaciones administrativas y controversias de gestión con un factor decisivo: la ausencia de pasos fiscales concretos. Mientras se aguarda una definición judicial, el tema sigue impactando en la discusión local y en la valoración pública sobre la gestión departamental reciente.
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