El sistema de salud pública uruguayo enfrenta una tormenta judicial de proporciones inéditas. El actual directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ha formalizado denuncias penales contra la cúpula que lideró el organismo hasta mediados de 2024, tras el hallazgo de un entramado de irregularidades en la unidad ejecutora de emergencias móviles, SAME 105. El escándalo en ASSE se centra en el vínculo comercial con la firma ITHG, una proveedora que concentró casi la totalidad del presupuesto de traslados bajo una gestión que las actuales autoridades califican como «bolichera».
Los resultados de la auditoría interna, a los que tuvo acceso la prensa nacional, revelan una ausencia sistemática de planificación y un desprecio por las normativas vigentes de contratación estatal. El informe detalla que los gastos en traslados contratados superaron hasta en un 700% las pautas presupuestales establecidas por ley, disparando las alarmas sobre una posible «fuga de recursos» deliberada hacia el sector privado.
Las claves del escándalo en ASSE y el rol de ITHG
El vínculo con la empresa ITHG —originalmente registrada como proveedora marítima— comenzó en 2021 y se consolidó durante el resto de la gestión anterior. Según la investigación, esta firma acaparó el 96,47% del gasto total en traslados del SAME 105. Sin embargo, la gravedad del asunto reside en que el 100% de estas transacciones, que suman más de 2.000 millones de pesos uruguayos, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas (TCR) por incumplir el Tocaf.
A pesar de las constantes advertencias de los organismos de control, la administración anterior defendió la exclusividad de este proveedor. La auditoría actual señala que no solo se contrataban móviles, sino que la empresa también suministraba tripulaciones médicas y enfermería para las ambulancias propias del Estado, operando bajo una modalidad de compra directa por excepción que, en la práctica, evitaba cualquier proceso competitivo de precios.
Traslados fantasma y falta de historias clínicas
Uno de los puntos más oscuros del escándalo en ASSE refiere a la imposibilidad de validar los servicios efectivamente prestados. Los auditores analizaron una muestra de traslados medicalizados y descubrieron que un porcentaje significativo carecía de respaldo documental básico. En muchos casos, no se pudo comprobar el origen ni el destino del paciente, y en otros, las historias clínicas —obligatorias por ley— simplemente no existían.
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Validación imposible: El 23% de los traslados analizados no contaba con historia clínica física.
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Facturación irregular: Se detectaron pagos por traslados que figuraban como «cancelados» en el sistema de ASSE, pero que la empresa reclamaba como realizados con éxito.
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Precios inflados: En traslados de larga distancia, ITHG facturó montos superiores a los de otros proveedores en servicios de idénticas características.
Derivaciones judiciales y responsabilidades políticas
La magnitud de los hallazgos ha derivado en la denuncia penal de cuatro exintegrantes del directorio, incluyendo a los expresidentes Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, así como al exgerente general Eduardo Henderson. Asimismo, se han iniciado sumarios administrativos a 10 funcionarios de carrera que habrían facilitado estas maniobras mediante la falta de controles en la facturación y la ley de tercerizaciones.
Por otro lado, la auditoría puso la lupa sobre convenios con mutualistas privadas como el Círculo Católico y Casmu. Se verificó que ASSE aumentó exponencialmente los pagos por internaciones en CTI privados sin que un intensivista del SAME 105 evaluara previamente la necesidad clínica del ingreso. En el caso del Círculo Católico, los pagos crecieron un 170% en cuatro años, un dato que la oposición política ha señalado con insistencia debido a los vínculos previos de jerarcas de ASSE con dicha institución.
Las actuales autoridades han manifestado que, si bien se mantiene el servicio con la empresa (ahora bajo el nombre UTAM) para no afectar la atención de los pacientes, se está priorizando la estructura propia y preparando licitaciones competitivas para terminar con la discrecionalidad que marcó los últimos años de gestión.
