El Tribunal 2° contra el Crimen Organizado de San Miguel ha emitido una sentencia histórica al condenar a 30 miembros de una estructura criminal a penas que alcanzan hasta los 204 años de prisión. Este grupo, conocido como “El Diablo de Cordoncillo”, operaba en los municipios de San Alejo y Yayantique, en el departamento de La Unión, y se dedicaba a asesinatos por encargo, entre otros delitos graves. La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó que los sentenciados eran parte de un grupo de exterminio que actuó bajo encargo y coordinación internacional.
Operación internacional y roles definidos
Según los reportes de la FGR, la estructura criminal estuvo activa entre 2018 y 2020. Durante este periodo, recibieron financiamiento desde Estados Unidos para ejecutar homicidios a cambio de dinero. Cada miembro de la organización tenía un rol específico, desde cabecillas hasta ejecutores y colaboradores. “Cada miembro tenía un rol definido dentro del grupo, que actuó bajo encargo y coordinación internacional”, detalló la Fiscalía salvadoreña.
La sentencia judicial atribuye a los acusados la autoría material de un homicidio y la planificación de al menos otros nueve asesinatos. Además, los implicados participaron en actividades de tráfico ilícito, pertenencia a organizaciones terroristas y tenencia ilegal de armas de fuego.
Condenas ejemplares
Efraín G., señalado como cabecilla principal, recibió la pena más alta de 204 años de prisión. Otros líderes, como Juan M. y Érick H., fueron condenados a 87 años cada uno. Ramón Díaz A. recibió 77 años, Adrián H. 72 años, y Jorge F. 69 años. Las penas restantes fueron asignadas conforme al grado de participación y responsabilidad de cada uno, según lo determinado en el proceso oral y público.
La investigación demostró que los sentenciados formaban parte de un grupo estructurado para delinquir en la zona oriental del país, recibiendo instrucciones y recursos económicos desde el extranjero. La estructura criminal operaba con una disciplina interna y niveles jerárquicos definidos, lo que dificultó su identificación en las primeras etapas de la investigación.
Impacto y precedentes
El proceso judicial, celebrado ante el Tribunal 2° contra el Crimen Organizado de San Miguel, analizó pruebas documentales, testimoniales y periciales que confirmaron el funcionamiento y los crímenes del grupo. La FGR subrayó que el caso constituye un precedente en la lucha contra estructuras de exterminio y el financiamiento internacional de delitos en El Salvador. La severidad de las penas refleja la gravedad de los hechos y el impacto de la estructura sobre la seguridad en La Unión.
