La fisonomía del debate parlamentario en Uruguay ha cambiado drásticamente. Lo que durante años fue una herramienta en retroceso, hoy experimenta un renacimiento que desafía las estadísticas de las últimas cuatro décadas. Según un relevamiento del Programa de Estudios Parlamentarios de la Universidad de la República, la actual legislatura ha registrado seis denuncias para formar comisiones investigadoras Parlamento en sus primeros 15 meses, una cifra que solo es superada por el histórico periodo de 1985 tras el retorno a la democracia.
La irrupción de nuevos actores y el fin de la hegemonía
Este cambio de tendencia no es casualidad. Responde a una nueva aritmética parlamentaria donde los bloques tradicionales (Frente Amplio y Coalición Republicana) dependen de sectores como Cabildo Abierto e Identidad Soberana para inclinar la balanza. Nicolle Salle (Identidad Soberana) inauguró la serie al proponer investigar la gestión de la pandemia, una iniciativa que su padre, Gustavo Salle, planea profundizar con una séptima denuncia basada en los llamados «archivos Epstein.
Hasta el momento, dos comisiones ya han tomado forma: una sobre las irregularidades en el Instituto Nacional de Colonización (estancia María Dolores) y otra, de carácter unánime en la Asamblea General, que audita los procesos de compra y rescisión de las patrullas oceánicas (OPV) desde 2010 hasta 2026, incluyendo el polémico contrato con el astillero Cardama.
El nudo crítico: la doble investigación sobre ASSE
El punto de mayor fricción se encuentra hoy en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El oficialismo y la oposición han presentado denuncias cruzadas: mientras Federico Casaretto (PN) busca investigar desde 2015 a la fecha, Federico Preve (FA) propone centrarse únicamente en la gestión de Luis Lacalle Pou.
La discordia principal radica en la figura de Álvaro Danza, actual presidente de ASSE, a quien se señala por presunto enriquecimiento sin causa debido a la percepción simultánea de un salario por dedicación permanente y actividad privada. Blancos y frenteamplistas negocian contrarreloj para unificar ambas propuestas en una sola comisión, bajo la presión de socios como Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que ya advirtieron: «Si no hay acuerdo para una sola investigadora, no votamos ninguna.
Un ciclo histórico que se repite
Para entender la magnitud del fenómeno actual, hay que mirar hacia atrás. Entre 1985 y 1990, la efervescencia democrática dio lugar a 25 preinvestigadoras y 13 investigadoras. Tras una ley de 1994 que amplió los poderes de control (permitiendo allanamientos y levantamiento de secreto bancario), el uso de estas herramientas mermó debido a vetos presidenciales y mayorías automáticas que bloqueaban las denuncias contra sus propios intereses.
El actual escenario rompe con la «tasa de caída» de las últimas tres legislaturas del Frente Amplio y el periodo de Lacalle Pou. La fragmentación actual del comisiones investigadoras Parlamento sugiere que la fiscalización ha vuelto a ser una moneda de cambio y una herramienta de presión política real, devolviendo al Poder Legislativo su rol de contrapeso frente a la administración de turno.
