El diagnóstico es oficial y proviene de la máxima autoridad de seguridad del país. El Ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció abiertamente que las prisiones uruguayas han dejado de ser solo centros de reclusión para transformarse en «pymes del delito» especializadas en fraudes digitales. Sin embargo, esta admisión de parte no ha venido acompañada de una restricción efectiva: los dispositivos móviles siguen siendo el arma predilecta de una población carcelaria que, en muchos casos, opera con total impunidad tecnológica.
Cifras que alarman: una explosión de ciberdelitos
Los números del Ministerio del Interior y el Programa de Estudios Parlamentarios revelan una realidad cruda. Entre 2013 y 2024, las denuncias por estafas y ciberdelitos en Uruguay pasaron de poco más de 1.300 a superar las 31.000 anuales. Aunque 2025 cerró con una leve baja del 16,7%, el crecimiento estructural en una década supera el 1.250%. Hoy, la estafa es el tercer delito más denunciado en el país, ubicándose peligrosamente cerca de los hurtos y las rapiñas.
Este crecimiento exponencial tiene un motor interno: el uso de telefonía dentro de las cárceles. A pesar de que la normativa prohíbe formalmente los celulares, la realidad en los pabellones es distinta. Informes de inteligencia y denuncias reiteradas sugieren que el volumen de aparatos permite coordinar desde estafas «del cuento del tío» hasta extorsiones sofisticadas y ventas de datos robados a ciudadanos que, irónicamente, financian el sistema con sus impuestos.
Récord de presos y el fracaso de la rehabilitación
Uruguay enfrenta hoy su cifra más alta de personas privadas de libertad, con más de 16.000 reclusos. Esta tasa de 477 por cada 100.000 habitantes coloca al país en el podio negativo de América Latina y entre los 15 peores del mundo. Con un hacinamiento que supera el 120% y una reincidencia que oscila entre el 60% y el 68%, la cárcel parece funcionar más como una «universidad del crimen» que como un centro de rehabilitación.
La postura del Ministro Negro, quien aboga por combatir este foco «más con educación y prevención que con represión», ha generado fuertes críticas. Sectores de la oposición y víctimas del delito señalan que esta visión choca con la realidad técnica: los inhibidores de señal comprados por el Estado no funcionan o no se aplican con la rigurosidad necesaria. Mantener el wifi y la señal móvil dentro de los muros se interpreta como una concesión de «mano blanda» que vulnera los derechos de la ciudadanía honesta.
El costo de mirar para otro lado
El impacto económico es brutal. Solo el costo de la reincidencia le significa al Estado uruguayo unos 132 millones de dólares anuales. Mientras tanto, las víctimas —muchas veces jubilados o trabajadores que pierden los ahorros de su vida con un simple mensaje de WhatsApp— ven cómo el Estado reconoce el problema pero se muestra incapaz de cortar la señal.
La implementación de inhibidores de frecuencia y la requisa sistemática de dispositivos electrónicos no son medidas extremas, sino estándares internacionales de seguridad penitenciaria. La «comodidad del criminal», como denuncian diversos analistas, no puede estar por encima de la seguridad pública. El desafío para la gestión de Carlos Negro en este 2026 será demostrar que el Ministerio del Interior tiene la voluntad política de desconectar el delito de las celdas, transformando la admisión del problema en una acción de raíz.
