La movilización convocada por ADEOMS Salto el lunes dejó más que banderas y proclamas: según una fuente reservada que confirmó en off a este medio, se habrían entregado pagos en efectivo a varias personas alojadas en el refugio del MIDES en Asencio y Brasil para que concurrieran a la protesta en Plaza Artigas.
El reclamo sindical por el cese masivo de contratos municipales fue real y contó con la presencia de afiliados y simpatizantes. La denuncia, sin embargo, suma una capa inquietante: la supuesta utilización de personas en situación de vulnerabilidad como fichas para engrosar las filas de la movilización. La fuente, que pidió reserva por temor a represalias, describió ofrecimientos previos y aseguró que, en algunos casos, hubo entrega efectiva de dinero.
Hasta ahora no se presentaron recibos ni pruebas documentales que avalen la versión. Por eso la nota atribuye la acusación a la fuente y exige verificación: declaraciones firmadas, testigos adicionales, registros del refugio o cualquier comprobante que permita cotejar la información.
Si la versión se confirma, las implicancias son graves. Instrumentalizar a personas en situación de calle para fines políticos o gremiales vulnera la ética y la dignidad de quienes dependen de programas sociales. Además, transforma un reclamo legítimo por trabajo en una operación que puede dañar la credibilidad del sindicato y abrir responsabilidades administrativas o penales para los organizadores.
El episodio también expone la fragilidad del ecosistema informativo local: en un contexto de tensión por los ceses, las redes sociales difunden versiones a gran velocidad y no siempre distinguen hechos comprobados de rumores. Contar con una fuente reservada obliga al medio a avanzar con prudencia: publicar la atribución, recabar pruebas y dar oportunidad de réplica a las partes.
Para avanzar en la comprobación hace falta al menos uno de estos elementos: declaración escrita de la fuente, testimonios independientes de otras personas del refugio o del personal, comprobantes de entrega de dinero o registros de salidas organizadas del refugio en la franja horaria indicada. También es clave la respuesta pública de ADEOMS, MIDES e Intendencia, que deben explicar si hubo movimientos coordinados o medidas extraordinarias alrededor de la movilización.
La defensa de los puestos de trabajo municipales es el núcleo del reclamo; pero si se prueba que hubo pago a residentes del refugio, el debate deberá incluir cómo proteger a quienes están bajo tutela del Estado y qué límites éticos deben respetar los actores que reclaman derechos. Por ahora, la versión —sostenida por una fuente reservada— merece investigación y cautela antes de convertirse en afirmación probada. La nota será actualizada con pruebas y respuestas oficiales. Se ruega a cualquier testigo o persona con información que se comunique con este medio para aportar datos que permitan avanzar en la investigación.
