Colombia

Abelardo de la Espriella designa a Viviane Morales como consejera de Paz

Viviane Morales es nombrada consejera de Paz por Abelardo de la Espriella para supervisar acuerdos y evaluar la 'falsa paz' del gobierno anterior.

Abelardo de la Espriella designa a Viviane Morales como consejera de Paz
Viviane Morales asume como consejera de Paz para supervisar acuerdos y evaluar políticas de paz del gobierno anterior.

La exministra Viviane Morales regresa a la administración de Abelardo de la Espriella

Con la publicación del Decreto 1631 del 3 de noviembre, el Gobierno dirigido por Abelardo de la Espriella formalizó el nombramiento de la exfiscal y exministra Viviane Morales como alta consejera comisionada de Paz. Esta figura fue una de las promesas realizadas por el mandatario al asumir el cargo, dado que inicialmente había manifestado su intención de eliminarla, generando así interrogantes acerca del tiempo efectivo que tendrá la funcionaria para cumplir con sus responsabilidades.

Designación oficial y principales tareas

El nombramiento de Morales quedó oficializado mediante la publicación en el Diario Oficial, en su edición número 53.679. Entre las principales responsabilidades asignadas a la exministra se encuentra la supervisión de la implementación de los acuerdos de paz y la evaluación de lo que el Gobierno denomina la “falsa paz” promovida durante la administración del presidente Gustavo Petro. Uno de los objetivos fundamentales será verificar el cumplimiento de los compromisos pactados por el Estado con los integrantes de grupos armados ilegales que hayan demostrado voluntad de reincorporarse a la vida civil.

Asimismo, Morales dirigirá de manera encargada la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, una tarea considerada esencial para el proceso de paz en el país. El decreto especifica que la exministra asumirá su cargo “a partir de la fecha” y tendrá la responsabilidad de reorganizar la destinación de recursos, así como de enfrentar los obstáculos institucionales que hayan afectado procesos de justicia, reparación a las víctimas y seguridad.

Contexto y antecedentes del nombramiento

Morales había renunciado al Ministerio de Educación el 2 de septiembre de 2026, tras solo tres semanas en el cargo. La exministra justificó su salida por motivos de salud relacionados con su hija, quien fue diagnosticada con un meningioma cerebral que provocaba parálisis del sexto par craneal y visión doble. La situación, que en ese momento era considerada grave e insuperable, parece haber sido superada según los informes recientes.

En el decreto, también se señaló que la exministra tomará el cargo “a partir de la fecha” y que su misión será evaluar exhaustivamente el cumplimiento de los acuerdos firmados en el marco del proceso de paz, así como abordar los obstáculos que puedan haber comprometido la justicia, la reparación y la seguridad. La reestructuración del sector busca, además, desmontar “estructuras burocráticas innecesarias” que, según el Gobierno, se habrían desviado de los objetivos originales de las políticas de paz y que habrían utilizado el discurso de paz como un instrumento de impunidad y privilegios políticos.

Implicaciones del nuevo rol y cambios en la política de paz

El pasado 23 de octubre, la Presidencia confirmó oficialmente la designación de Morales como consejera de Paz. En línea con las directrices gubernamentales, su misión será analizar los resultados de la denominada “falsa paz” y promover reformas que fortalezcan los procesos de negociación, además de revisar y ajustar las políticas relacionadas con la paz en el país.

El Ejecutivo busca, con estas acciones, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y garantizar que los recursos destinados a la paz sean utilizados de manera eficiente y transparente. La decisión de Morales de mantener la oficina mediante un nombramiento ordinario y dejar pendiente la duración de su gestión refleja la intención de dar continuidad a un proceso que, según el Gobierno, busca consolidar los avances y corregir los posibles errores del pasado.

El cambio también implica la adopción de una política más centrada en el fortalecimiento de la fuerza pública, el ordenamiento territorial y la revisión de mecanismos judiciales para reducir la impunidad. De esta forma, el Gobierno pretende terminar con lo que considera una era de falsas expectativas en los procesos de paz y avanzar hacia una estrategia que promueva la paz verdadera y la justicia en toda la nación.

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