El SUCIVE volvió al centro de la agenda pública no por iniciativa del sistema político, sino empujado por denuncias ciudadanas que expusieron un esquema de multas y patentes percibido como abusivo y poco transparente.
Durante años, el SUCIVE funcionó como un acuerdo administrativo entre intendencias para ordenar la llamada “guerra de patentes”. El objetivo original era claro: evitar competencia desleal entre departamentos y asegurar criterios comunes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sistema dejó de ser una herramienta de coordinación y pasó a consolidarse como una estructura autónoma, con lógica propia y escaso control político.
Las críticas no son nuevas, pero recién ahora lograron volumen. Denuncias difundidas en redes y plataformas digitales mostraron multas difíciles de explicar, valores desproporcionados y una actualización de patentes que, para muchos vecinos, no guarda relación con la antigüedad ni el valor real de los vehículos. Autos de más de una década pagando cifras similares a modelos nuevos se volvieron un símbolo del malestar.
En declaraciones recientes a Uruguay Al Día, el senador Sebastián Da Silva reconoció que el problema “pasó por debajo del radar” del Parlamento durante años y admitió una responsabilidad política generalizada. Según su visión, el SUCIVE terminó garantizando a las intendencias una recaudación estable, casi automática, lo que redujo los incentivos para revisar el sistema.
El impacto es concreto: trabajadores, jubilados y familias que dependen del auto o la moto para moverse enfrentan multas que pesan más que otros impuestos nacionales. Reclamar una infracción suele ser largo, engorroso y, muchas veces, inútil. El sistema rara vez se equivoca; cuando lo hace, el costo del error lo asume el ciudadano.
La fiscalización, que debería ser preventiva y ordenadora, perdió legitimidad social. No por falta de controles, sino por exceso de castigo económico sin contrapartida visible en rutas, calles o seguridad vial. Las señales políticas llegaron tarde. El debate recién asoma ahora, con la Rendición de Cuentas como única ventana real para introducir cambios.
La pregunta ya no es si el SUCIVE tiene fallas, sino por qué el sistema político permitió que las tenga durante tanto tiempo sin intervenir.
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