La estafa eléctrica: Uruguay paga la luz más cara para sostener un sistema de privilegios

La narrativa oficial insiste en vender a Uruguay como un “país modelo” en materia energética. Renovables, viento, sol y agua son las cartas de presentación en portadas internacionales, premios y aplausos que llegan desde el exterior. Sin embargo, puertas adentro, la realidad es sensiblemente más cruda: el ciudadano común se enfrenta mes a mes a una tarifa de UTE que se ubica entre las más costosas del planeta, mientras el sistema político blinda contratos que garantizan ganancias privadas millonarias.

No se trata de una cuestión de coyuntura ni de falta de lluvias. Tampoco influyen el precio del petróleo o el complejo contexto global. El problema de la tarifa de UTE es estructural y tiene responsables con nombre y apellido. Uruguay ocupa actualmente el puesto 26 entre 146 países con la electricidad doméstica más cara del mundo, pagando aproximadamente un 60% por encima del promedio internacional. Es un dato imposible de justificar en una nación que produce energía a costos históricamente bajos gracias a la naturaleza.

Impacto de los contratos privados en la Tarifa de UTE

La tan mentada transformación energética, presentada ante el mundo como un logro histórico del Uruguay, terminó convirtiéndose en una transferencia masiva de recursos. El dinero fluye desde los hogares uruguayos hacia fondos de inversión y generadores privados. Los contratos firmados a largo plazo, muchos de ellos realizados a puertas cerradas, obligan al ente estatal a comprar energía a precios que hoy no guardan ninguna relación lógica con los costos reales de producción del mercado actual.

Existen parques solares y eólicos que hoy le cobran a la estatal valores cercanos a los 100 dólares por megavatio, cuando producir esa misma energía con la tecnología disponible hoy cuesta apenas 30. Esa brecha no desaparece por arte de magia: se traslada de forma directa a la tarifa de UTE que pagan jubilados, pequeños comerciantes, trabajadores y empresas familiares que ya no aguantan más la presión fiscal encubierta en el recibo de luz.

Exportación barata y consumo doméstico castigado

Las cifras que manejan los analistas son contundentes y duelen en el bolsillo. Se estima que el sistema actual genera unos 600 millones de dólares anuales en sobreprecios. Recursos que no se destinan a mejorar la red eléctrica ni a aliviar el costo de vida de la gente, sino a sostener un esquema de rentas aseguradas durante dos décadas. Mientras tanto, el relato oficial se vuelve obsceno al analizar el negocio de la exportación de excedentes a los países vecinos.

Uruguay le vende energía a Argentina a unos 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Sin embargo, a los hogares uruguayos, esa misma energía generada en suelo patrio se les cobra a más de 26 centavos. El resultado es una paradoja indignante: el trabajador uruguayo termina subsidiando la electricidad del exterior mientras ajusta su propio consumo doméstico para que la tarifa de UTE no lo termine de fundir a fin de mes.

UTE como caja recaudadora del Estado

El impacto es visible y cotidiano en cada rincón del país. Vemos familias que esperan a que caiga la noche para encender electrodomésticos, comercios que deben reducir sus horarios de atención para no pagar fortunas y pequeñas industrias que postergan cualquier inversión productiva. Todo este sacrificio se hace en nombre de una supuesta “salud financiera” de un ente que, en los hechos, funciona como el gran cajero automático del Ministerio de Economía y Finanzas para tapar agujeros fiscales.

La tarifa de UTE dejó de ser una herramienta al servicio del desarrollo nacional para transformarse en una oficina de recaudación encubierta. La prioridad del sistema político parece no ser el bienestar del ciudadano, sino cumplir religiosamente con contratos blindados que nadie tiene el coraje político de tocar. La eficiencia tecnológica ya está entre nosotros, pero lo que brilla por su ausencia es la voluntad política para renegociar acuerdos leoninos y devolverle a la población lo que paga de más desde hace años.

Un modelo verde que solo mira los billetes

Un país que le cobra a sus ciudadanos la electricidad tres veces más cara de lo que la exporta no puede, bajo ningún concepto, llamarse modelo. Es, en realidad, un país que decidió que el beneficio sea para unos pocos privados y el sacrificio sea puramente público. El discurso de la «energía verde» se vuelve hueco y cínico cuando lo único que parece importar es el verde de los billetes que fluyen hacia cuentas particulares bajo la protección de la ley.

El modelo está agotado porque se olvidó de su razón de ser: la gente. Mientras el sistema político siga alternando colores en el gobierno sin tocar la estructura de fondo de la Tarifa el resultado para el Juan Pueblo será siempre el mismo. La pregunta ya no es si existe margen técnico para que la luz baje, porque los números dicen que sí. La pregunta de fondo es por qué no quieren que baje y quiénes se benefician con este silencio.

¿Hasta cuándo el ciudadano uruguayo seguirá aceptando pagar una fiesta ajena mientras apaga la luz en su propia casa para poder llegar a fin de mes?