Devolución del Fonasa: el hachazo fiscal de enero que liquida los excedentes

El gobierno decidió pasar la podadora por los ingresos de la clase media en pleno cierre de año. A partir del 1° de enero, el tope anual de aporte se elevará de 57.936 a 80.316 pesos, un salto discrecional que tendrá un efecto inmediato y doloroso: miles de contribuyentes dejarán de percibir la devolución del Fonasa. La maniobra, orquestada mediante un decreto que modifica el criterio del Costo Promedio Equivalente (CPE), ha sido leída por analistas y oposición como un ajuste fiscal quirúrgico sobre el salario de los trabajadores profesionales y técnicos.

Hasta ahora, el CPE —que representa lo que el sistema «gasta» por cada usuario— se situaba en 4.828 pesos mensuales. Sin la intervención del Ministerio de Economía, esa cifra debería haber ajustado por inflación hasta los 4.967 pesos en 2026. Sin embargo, el equipo de Gabriel Oddone decidió patear el tablero y llevar ese valor a 6.693 pesos. Al inflar artificialmente el costo de la cápita, el margen para generar excedentes se evapora, eliminando de un plumazo el derecho al reintegro del Fonasa para una masa crítica de aportantes.

El mecanismo del ajuste sobre la devolución del Fonasa

Para entender la magnitud del golpe, hay que mirar los números fríos. Al elevar el piso de lo que el Estado considera «costo de salud», se obliga al trabajador a dejar más dinero dentro del sistema antes de que se considere que tiene un saldo a favor. Este cambio de criterio en el reembolso no responde a una mejora en las prestaciones —que siguen sufriendo demoras en especialistas y tickets caros— sino a una necesidad imperiosa de tapar el agujero del Seguro Nacional de Salud con plata fresca de los asalariados.

La lógica es perversa para el contribuyente: usted aporta lo mismo (o más, si su sueldo sube), pero el Estado eleva la vara de «entrada» al beneficio. Así, quienes antes recibían un cheque en setiembre para aliviar las cuentas o pagar la tarjeta, ahora verán cómo ese dinero se queda en las arcas públicas. La compensación se encamina a ser un recuerdo para los sueldos que rondan los 100.000 o 120.000 pesos nominales, los grandes damnificados de esta resolución dominical.

Oddone en la mira y la citación parlamentaria

La reacción política fue instantánea. La oposición, liderada por figuras como el nacionalista Sebastián Andújar, ya anunció que citará al ministro Gabriel Oddone a la Comisión Permanente del Poder Legislativo. La intención es que el titular de Economía explique por qué se optó por un cambio de criterio tan drástico y discrecional que afecta la previsibilidad económica de las familias. El malestar radica en que este recorte en el resarcimiento se anunció entre gallos y medianoches, sin un debate previo sobre la eficiencia del gasto sanitario.

Mientras el oficialismo defiende la medida bajo el paraguas de la «sostenibilidad», desde la vereda de enfrente se habla de un incumplimiento de promesas electorales. El incremento del CPE por encima de cualquier índice de precios o salarios es una señal clara de que el gobierno eligió el camino más corto para recaudar. El impacto en la devolución del Fonasa será un tema central en la agenda de los primeros meses del 2026, cuando los trabajadores empiecen a notar que su capacidad de ahorro vuelve a ser erosionada por el Estado.

Un sistema que recauda pero no devuelve

El malhumor social tiene una base sólida: la calidad de la atención médica no ha mostrado saltos cualitativos que justifiquen que el costo por persona suba de 4.967 a 6.693 pesos en un solo movimiento. Al retener el pago retroactivo, el gobierno se asegura una caja millonaria. Según cálculos preliminares, el ahorro estatal por este concepto podría ser masivo, ya que no solo habrá menos gente cobrando, sino que aquellos que todavía califiquen percibirán montos significativamente inferiores a los de años anteriores.

Este escenario deja a los trabajadores en una posición de indefensión técnica. La devolución del Fonasa siempre fue vista como un retorno de lo que se aportó en exceso, un dinero que legítimamente le pertenece al trabajador si el sistema no lo gastó en él o sus beneficiarios. Al cambiar la fórmula, el concepto de «excedente» se vuelve una quimera. Con el tope anual ahora por encima de los 80.000 pesos, la brecha para recuperar algo de lo aportado se vuelve casi inalcanzable para el trabajador medio uruguayo.

El decreto ya está firmado y las cartas están sobre la mesa. Con el cambio de año, el alivio financiero que representaba setiembre para muchos hogares se desvanece bajo una lógica de recaudación pura y dura. ¿Es este el inicio de una serie de ajustes indirectos que el gobierno planea aplicar para sanear las cuentas públicas a costa del sector privado?