Marília Soares
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El Gobierno de Yamandú Orsi confirma un drástico ajuste del Fonasa
En una charla informal que rápidamente escaló a noticia de impacto nacional, el presidente Yamandú Orsi confirmó lo que muchos analistas temían: un nuevo ajuste del Fonasa. A partir del año 2026, el Poder Ejecutivo modificará los criterios de devolución de los aportes excedentes al Fondo Nacional de Salud. La medida implica que el Estado ya no reintegrará la totalidad del dinero que los trabajadores pagaron de más, sino que retendrá una porción para sus propias arcas.
Este ajuste del Fonasa surge como una respuesta directa a la necesidad de paliar el déficit fiscal que arrastra la actual administración. Según trascendió en los pasillos de Torre Ejecutiva, el mandatario reconoció que la situación de las cuentas públicas exige medidas de recaudación más agresivas. Sin embargo, para miles de contribuyentes, esto no es más que otra forma de presión fiscal sobre la clase media y los profesionales de mayores ingresos.
Quiénes pagarán los platos rotos del ajuste del Fonasa
Aunque Orsi no precisó la cantidad exacta de uruguayos que se verán perjudicados, la legislación actual ya marca un piso para quienes acceden al beneficio de devolución. Actualmente, trabajadores con ingresos nominales superiores a 113.167 pesos y jubilados que superan los 122.598 pesos son los destinatarios del reintegro. Con el ajuste del Fonasa en marcha, este grupo verá cómo una parte de su salario, que técnicamente ya les pertenece, se queda en manos del fisco.
El malestar en los sectores técnicos y profesionales no se hizo esperar tras el anuncio. Muchos consideran que este ajuste del Fonasa es una penalización al esfuerzo y una violación de las reglas de juego vigentes. Al no tratarse de un impuesto de nombre directo, el gobierno parece optar por una «retención silenciosa» que impactará de lleno en el consumo interno de cara al 2026.
Déficit fiscal y la «mano en el bolsillo» estatal
La justificación de Orsi sobre la necesidad de cubrir el déficit fiscal mediante la modificación, ha levantado polvareda en la oposición y en las cámaras empresariales. El argumento de que el Estado necesita retener ese dinero para equilibrar las cuentas públicas choca frontalmente con las promesas de campaña de no aumentar la carga impositiva. Para el ciudadano de a pie, la distinción técnica entre un impuesto y una retención de excedentes es irrelevante cuando el resultado es el mismo: menos dinero disponible.
Esta decisión de implementar una readecuación revela la fragilidad del sistema de salud y la urgencia de recursos que tiene el actual gobierno zurdo. En lugar de buscar la eficiencia en el gasto público o recortar privilegios en la estructura del Estado, se opta por el camino más corto: capturar los aportes de los privados. La retención de estos excedentes funcionará, en los hechos, como un impuesto al trabajo de carácter retroactivo y permanente.
Incertidumbre y falta de detalles técnicos en Torre Ejecutiva
A pesar del anuncio, todavía quedan muchas sombras sobre cómo se ejecutará técnicamente este ajuste. Orsi no detalló el porcentaje de retención ni si habrá escalas según el nivel de ingresos. Esta falta de precisión genera un clima de incertidumbre que afecta la planificación financiera de miles de hogares uruguayos que suelen utilizar ese reintegro anual para gastos extraordinarios o pago de deudas.
La noticia, difundida inicialmente por Telemundo, pone al equipo económico bajo la lupa del Parlamento. Se espera que en los próximos días se exijan informes detallados sobre el impacto real que tendrá este ajuste del Fonasa en la recaudación final del Estado uruguayo. Mientras tanto, el mensaje que llega desde el gobierno es claro: la prioridad es el equilibrio fiscal, incluso si eso significa meterle la mano en el bolsillo a quienes sostienen el sistema con sus aportes mensuales.
¿Es ético que el Estado utilice excedentes de salud de los trabajadores para tapar agujeros presupuestarios causados por la gestión política?