Gonzalo Sualina
Andrés Lima ética Frente Amplio volvió al centro del debate político en Salto luego de que la fuerza política resolviera sancionar a cuatro ediles que acompañaron el fideicomiso departamental, sin avanzar en ningún proceso ético o disciplinario contra el principal referente del sector al que pertenecían.
El Frente Amplio optó por una respuesta orgánica contundente contra los ediles que votaron el fideicomiso impulsado por el oficialismo departamental. Tres de ellos fueron expulsados de la bancada y el caso fue elevado al Tribunal de Conducta Política. La resolución se basó en el incumplimiento de una decisión expresa de la fuerza política de no acompañar la iniciativa.
Sin embargo, la discusión interna no se agotó en los votos emitidos dentro de la Junta Departamental. En el centro de los cuestionamientos quedó Andrés Lima, líder del sector político al que pertenecían los ediles sancionados y figura con peso determinante en la estructura frenteamplista local.
Dentro y fuera del Frente Amplio se señaló que la decisión política de acompañar el fideicomiso no surgió de manera individual ni aislada. El planteo recurrente fue que la orientación provino del liderazgo sectorial, que promovió el acompañamiento al proyecto como una definición estratégica. Entre los votos sancionados se incluyó el de una edil con vínculo directo con Lima, lo que profundizó el debate sobre responsabilidades políticas.
Pese a ese contexto, el Frente Amplio no inició actuaciones formales contra Lima, ni lo citó al Tribunal de Conducta Política, ni emitió pronunciamientos que evaluaran su rol en la decisión. La respuesta orgánica se concentró exclusivamente en los ediles que levantaron la mano, sin extender el análisis hacia la conducción política que los representaba.
Este abordaje dejó expuesta una diferencia clara entre responsabilidad institucional y responsabilidad política. Mientras los ediles enfrentaron sanciones concretas, el principal referente del sector quedó al margen de cualquier revisión ética, aun cuando su influencia fue señalada como determinante en la votación.
La situación profundizó tensiones internas en el Frente Amplio salteño, donde sectores y militantes plantearon interrogantes sobre la aplicación de criterios disciplinarios y el alcance real de la ética partidaria. El foco no estuvo puesto únicamente en el resultado de la votación, sino en la cadena de decisiones que la precedieron.
El caso volvió a instalar un debate histórico dentro del Frente Amplio: si las sanciones deben recaer solo sobre quienes ejecutan una decisión orgánica contrariada o también sobre quienes la impulsan desde posiciones de liderazgo. En Salto, la resolución fue clara en un sentido y silenciosa en el otro.