Uruguay Al Día
Auditoría de ASSE contrataciones ITHG revela irregularidades
La auditoría de ASSE contrataciones ITHG expuso un conjunto de irregularidades que comprometen la transparencia en la gestión de traslados médicos. El informe, solicitado por el nuevo directorio encabezado por Álvaro Danza, analizó el período 2022-2024 y detectó sobreprecios, pagos por servicios cancelados y desvíos de hasta 700% sobre la pauta prevista.
El documento señala que la empresa ITHG, actual UTAM, fue contratada con valores superiores a los abonados por otros proveedores en traslados de similares características. En una muestra de traslados comunes y especializados, más del 70% de los casos presentaron precios inflados respecto al mercado. Esta situación generó un gasto acumulado de casi 2.000 millones de pesos en tres años, equivalentes a unos 50 millones de dólares.
La auditoría de ASSE contrataciones ITHG también detectó pagos por traslados que figuraban como cancelados en el sistema interno, sin justificación ni constancia del motivo. En algunos casos, los registros mostraban diferencias entre el número de móvil que realizó el traslado y el detalle informado por el proveedor, lo que derivó en facturación de servicios especializados cuando en realidad se habían utilizado móviles comunes.
El análisis reveló que la ejecución presupuestal superó ampliamente las pautas establecidas: 508% en 2022, 697% en 2023 y 672% en 2024. El Tribunal de Cuentas observó el 100% de los gastos correspondientes a traslados, que ascendieron a más de 2.000 millones de pesos. La falta de planificación y de procedimientos competitivos ajustados a la normativa fue señalada como una de las principales debilidades.
Los auditores advirtieron que los sistemas utilizados por SAME 105 permiten cerrar llamados con campos vacíos, lo que dificulta el control y la generación de estadísticas confiables. Se verificaron errores en datos clave como número de móvil, proveedor, médico solicitante y dirección de destino. Además, en un 21% de los casos analizados no se visualizó el registro del traslado, lo que compromete la integridad de la información.
Otro hallazgo de la auditoría de ASSE contrataciones ITHG fue la cobertura de cinco eventos sociales privados, cuyos costos ascendieron a más de un millón de pesos entre 2022 y 2024. No se encontró constancia de autorización ni análisis de pertinencia, y tampoco se facturó a los organizadores solicitantes. Esto implica que ASSE asumió gastos sin obtener contrapartida, lo que refuerza las críticas sobre el uso discrecional de recursos públicos.
El informe generó repercusiones inmediatas en el ámbito político. La oposición cuestionó la falta de transparencia y exigió responsabilidades, mientras el oficialismo defendió que el sistema permitió reducir tiempos de espera y mejorar la cobertura de traslados. Sin embargo, las nuevas autoridades de ASSE anunciaron que en los próximos meses se realizará una licitación pública para regularizar el servicio y garantizar competencia.
Ética pública y credibilidad institucional
La continuidad de las contrataciones a UTAM, sucesora de ITHG, se justifica en la necesidad de no afectar la atención de pacientes. No obstante, el debate sobre ética pública y credibilidad institucional sigue abierto. La auditoría de ASSE contrataciones ITHG deja en evidencia la tensión entre la urgencia de mantener servicios esenciales y la obligación de asegurar transparencia en el manejo de fondos públicos.
La auditoría de ASSE contrataciones ITHG también generó repercusiones políticas. La oposición cuestionó la falta de transparencia y exigió responsabilidades, mientras el oficialismo defendió que el sistema permitió mejorar la rapidez de los traslados. Sin embargo, el informe advierte que los mecanismos aplicados no se ajustaron a la normativa vigente y que se realizaron compras directas sin competencia. El Tribunal de Cuentas observó la totalidad de los gastos, lo que refuerza la necesidad de una licitación pública en los próximos meses. La continuidad de las contrataciones a UTAM, sucesora de ITHG, se justifica en la necesidad de no afectar el servicio, aunque el debate sobre ética pública y credibilidad institucional sigue abierto.