Interpelación a Lustemberg profundiza el debate por incompatibilidades y gestión en ASSE

La interpelación a Lustemberg comenzó este lunes en la Cámara de Representantes, en una instancia promovida por la oposición para analizar la situación de Álvaro Danza al frente de ASSE. El debate se enmarcó en una sesión cargada de expectativas políticas, luego de meses de cuestionamientos por sus actividades en el ámbito privado y su rol docente mientras ejercía la presidencia del organismo público. La oposición sostiene que su actuación implicó incompatibilidades graves, por lo que reclama su renuncia. Este escenario generó un clima tenso desde el inicio, con argumentos cruzados que mezclaron análisis jurídico, responsabilidades administrativas y acusaciones directas.

El diputado Gerardo Sotelo, miembro interpelante por el Partido Independiente, señaló que Danza habría cometido un “acto administrativo ilícito” al rescindir un convenio entre ASSE y el Círculo Católico mientras mantenía vínculos laborales con mutualistas. La acusación elevó la tensión del intercambio y marcó el tono de una jornada donde los cuestionamientos se centraron en ética pública, responsabilidad de los funcionarios y límites legales en el ejercicio de cargos de alta jerarquía.

Interpelación a Lustemberg expone acusaciones por acto administrativo ilícito

Sotelo recordó que el convenio entre ASSE y el Círculo Católico fue firmado en noviembre de 2022 durante la administración de Leonardo Cipriani, quien anteriormente había sido director técnico de la mutualista y hoy ocupa un rol asistencial en esa institución. A esto sumó una reciente auditoría que reveló un incremento del 245% en contrataciones y servicios derivados a la misma mutualista entre 2020 y 2024. Para el legislador, estos datos representan un indicio claro de un entramado que combina decisiones administrativas, vínculos laborales previos y posibles conflictos de interés.

La oposición sostiene que estas relaciones laborales y técnicas afectan la credibilidad del organismo estatal encargado de la atención de gran parte de la población. En su presentación, Sotelo afirmó que Danza vulneró disposiciones de la ley 19.823, especialmente los artículos vinculados a incompatibilidades y deberes éticos de los funcionarios públicos.

Argumentos jurídicos, antecedentes políticos y críticas al oficialismo

El diputado agregó que el presunto “acto administrativo ilícito” constituye una prueba de que el gobierno “se equivocó al no respetar la Constitución y la opinión de organismos especializados en materia ética”. Para sostener sus argumentos, mencionó informes de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), análisis de juristas y antecedentes de gobiernos anteriores donde se aplicaron criterios más estrictos ante situaciones similares. En su intervención, calificó el caso como un “récord difícil de igualar” en materia de controversias administrativas.

Sotelo también cuestionó el salario que Danza percibía en la Asociación Española, que según el legislador equivalía a un monto entre 400% y 500% superior al correspondiente a un médico consultante estándar. Afirmó que esta remuneración podría incluso encuadrarse dentro de conductas tipificadas en los artículos 239 y 240 del Código Penal, vinculadas a falsificación ideológica o alteración documental. La acusación subió el tono del debate y generó reacciones inmediatas del oficialismo.

Respuesta de Lustemberg y defensa de la gestión de Danza

En su comparecencia, la ministra de Salud Pública negó que existiera ocultamiento de información. Sostuvo que fue el propio Danza quien solicitó un dictamen jurídico al estudio Delpiazzo, el cual, según expresó, no encontró incompatibilidades en su multiempleo. Lustemberg defendió el liderazgo del jerarca, destacando su compromiso, dedicación y capacidad para conducir la extensa red de servicios de ASSE.

La ministra remarcó que no hubo conflicto de interés en el desempeño de Danza como presidente de ASSE y médico en distintas mutualistas, argumentando que su actuación se realizó con total transparencia. Insistió en que la información fue presentada ante el Senado antes de su nombramiento y que Danza se ajustó a las exigencias legales que rigen al organismo público.

También aseguró que el alejamiento de Danza de sus cargos privados se tomó “tras recorrer todos los caminos pertinentes”, con la convicción de haber actuado con honestidad y respeto por la normativa vigente. Lustemberg subrayó su respaldo político al jerarca, señalando tanto su formación como su trayectoria técnica y ética como elementos que justifican su continuidad en el cargo.

La moción del oficialismo y la postura del Frente Amplio

Tras un cuarto intermedio, el Frente Amplio presentó una moción en la que expresó que las explicaciones brindadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ASSE resultaban “ampliamente satisfactorias”. El texto reconoce el compromiso del organismo con la salud pública y destaca la resolución de la Jutep del 6 de noviembre, que establece que no existe incompatibilidad en el multiempleo del presidente de ASSE. Para el oficialismo, la renuncia de Danza a sus funciones privadas demuestra responsabilidad institucional y evita desviar el foco del debate sanitario.

Críticas desde otros sectores y acusaciones de inconstitucionalidad

En el debate posterior, legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado reforzaron sus cuestionamientos. Pablo Abdala calificó la situación como una “usurpación” debido a lo que considera una inconstitucionalidad manifiesta. Otros diputados señalaron que, si existía la necesidad de renunciar a los cargos privados, era porque la incompatibilidad era evidente. También recordaron situaciones pasadas, incluyendo críticas sobre decisiones tomadas durante la pandemia.

Las intervenciones mostraron un Parlamento dividido entre quienes perciben irregularidades graves y quienes entienden que los procedimientos se ajustaron al marco legal y ético.

Una discusión que trasciende nombres y se instala en la agenda pública

La interpelación dejó al descubierto tensiones políticas, interpretaciones jurídicas contrapuestas y un debate de fondo sobre ética pública, transparencia y credibilidad de los organismos estatales. La discusión no se limita a la figura de Danza ni a una interpretación legal puntual, sino que refleja preocupaciones más amplias sobre el funcionamiento institucional del sistema de salud público.