Verificación directa de avances y evidencia visible en el astillero Cardama
La situación de las patrulleras oceánicas contratadas al astillero Cardama tomó una nueva dimensión tras la constatación directa realizada por el diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli, quien se trasladó a Vigo ante la negativa de la oposición a autorizar una delegación oficial. La inspección permitió observar estructuras avanzadas, movimiento industrial permanente y una obra naval de gran porte en fase activa de construcción. La nave principal, con cerca de 90 metros de eslora, 17 metros de altura y dimensiones comparables a grandes infraestructuras marítimas modernas, se encuentra visible desde el exterior del predio del astillero, capaz de ser fotografiada desde la vía pública por cualquier transeúnte.
El avance es coherente con los plazos técnicos de proyectos navales de esta magnitud. La colocación de quilla, el armado de secciones y la presencia de equipos trabajando de forma continua reflejan un proceso industrial genuino, ajeno a la narrativa de parálisis que algunos sectores políticos promovieron en Montevideo. La empresa mantiene actividad en múltiples embarcaciones, incluida una patrullera destinada a Senegal, lo que desmiente la versión difundida por integrantes del Frente Amplio sobre una supuesta falta de experiencia previa en este tipo de construcciones.
Bloqueos políticos y ausencia de transparencia por parte del Frente Amplio
Mientras Cardama avanzaba con normalidad, la dinámica política en Uruguay mostraba un panorama diferente. La Comisión de Defensa de Diputados había planteado la posibilidad de enviar una delegación multipartidaria para comprobar la situación del astillero, como se ha hecho históricamente en misiones internacionales vinculadas a contingentes militares, instalaciones estratégicas o compras de equipamiento. Sin embargo, los representantes del Frente Amplio se opusieron a esa instancia y evitaron cualquier forma de supervisión parlamentaria directa.
El rechazo resultó llamativo para legisladores de distintos partidos, considerando que el propio Frente Amplio impulsó en administraciones anteriores misiones oficiales a zonas en conflicto o instalaciones militares en el exterior. Esta vez, en cambio, la oposición justificó su negativa con el argumento de que la visita “entorpecía el proceso”, pese a que el Parlamento tiene como función central ejercer control sobre políticas de defensa y compras estratégicas del Estado.
La actitud contribuyó a generar un área de sombra que se vio reforzada por la falta de información oficial. La ministra de Defensa había sido convocada a comisión para explicar la situación del proyecto, pero su presencia fue cancelada por correo electrónico sin ofrecer una fecha alternativa inmediata. Tampoco fueron entregados los informes técnicos prometidos, los cuales, según consta, circulaban simultáneamente en prensa y ámbitos extraoficiales.
Restricciones a funcionarios y órdenes de silencio que agravaron el clima político
En paralelo, surgió un episodio que incrementó las dudas institucionales: el funcionario uruguayo destacado en Vigo tenía instrucciones formales de no mantener comunicación con el Parlamento. El hecho de que un representante estatal, cuya función es supervisar una obra estratégica, recibiera órdenes de silencio frente a legisladores encargados de controlar el proceso, generó cuestionamientos sobre el manejo interno del caso.
A pesar de las restricciones, el funcionario accedió a un breve saludo personal con Gianoli, evitando cualquier referencia técnica debido a las directivas que había recibido. Esta situación se sumó a la falta de respuestas a pedidos de informes y a otros antecedentes donde áreas sensibles del Ministerio de Defensa mostraron opacidad en su funcionamiento, incluyendo procesos disciplinarios y nombramientos vinculados a organismos dependientes.
La garantía financiera y el uso político de un aspecto técnico
Buena parte de la narrativa opositora se concentró en la garantía presentada por Eurocommerce, presentada públicamente como inexistente o inválida. Sin embargo, los documentos y procedimientos asociados a la contratación internacional indican que la garantía de mantenimiento de oferta y la garantía de fiel cumplimiento no condicionan la capacidad material del astillero para construir la embarcación. Cardama había aportado previamente una garantía de 12 millones de euros y fue Uruguay quien solicitó un aval segundo por cuatro millones, dificultado por restricciones bancarias derivadas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
No hubo advertencias oportunas desde autoridades uruguayas sobre el vencimiento del aval ni instancias diplomáticas previas para solicitar su sustitución o extensión. La ausencia de comunicación oficial alimentó un clima de incertidumbre que fue aprovechado políticamente por sectores opositores, pese a que el avance físico de la obra y las validaciones técnicas del propio astillero contradicen la idea de un incumplimiento sustantivo.
La realidad en el astillero frente a la narrativa política en Montevideo
El astillero Cardama opera con normalidad, con personal, maquinaria, proveedores internacionales y empresas como Caterpillar, Terma y Escribano vinculadas a la cadena de equipamiento militar. La actividad es permanente y forma parte del complejo industrial marítimo gallego, donde miles de familias dependen de la industria naval y donde no constan antecedentes de incumplimientos graves atribuibles a la empresa.
Mientras tanto, Uruguay mantiene una capacidad de vigilancia marítima extremadamente limitada, con riesgos crecientes vinculados al narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas. El retraso en decisiones administrativas y el uso político de un tema estratégico colocan al país en una situación de vulnerabilidad que trasciende banderas partidarias.
La verificación directa de Gianoli permitió aclarar que la obra avanza y que existen condiciones para su continuidad si se superan los bloqueos políticos internos. La cuestión de fondo sigue abierta: ¿permitirá el sistema político que las patrulleras lleguen al país en tiempo y forma o continuará priorizando tensiones partidarias por encima de la seguridad nacional?