La congresista Luz Verónica Estrada, vinculada a múltiples irregularidades en su trayectoria académica y laboral
Contratos millonarios en la DIAN y antecedentes laborales controvertidos
La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, obtuvo en 2025 un contrato por aproximadamente 78 millones de pesos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mientras presentaba documentos académicos que fueron posteriormente cuestionados por varias instituciones educativas. La controversia sobre los antecedentes académicos y laborales de la congresista ha generado diversas investigaciones y acusaciones oficiales.
Vínculos laborales previos y aclaraciones de las empresas
La firma Aris Mining comunicó que Estrada estuvo vinculada a la compañía Caldas Gold S. A. S. entre el 1 de julio de 2021 y el 17 de agosto de 2022, desempeñándose como operaria en una mina numerada como Mina 4. Posteriormente, Caldas Gold fue adquirida por Aris Mining en septiembre de 2022, compañía que ahora opera bajo la denominación Aris Mining Marmato S. A. S., según informó Noticias Caracol. La empresa aclaró que durante ese período la función asumida por Estrada era de carácter operativo, sin requisitos de formación profesional, y que su contrato a término fijo finalizó por decisión voluntaria.
Previo a ese contrato, otra firma del sector minero, Apolo-Sima Soluciones Empresariales S. A. S., confirmó que la congresista trabajó como jefa de mina entre enero y marzo de 2024. La organización justificó su contratación en la confianza depositada en la información suministrada por la misma Estrada, quien en ese momento formaba parte de su equipo.
Problemas relacionados con requisitos académicos y documentación
Durante su relación laboral, Apolo-Sima detectó deficiencias en los conocimientos técnicos de Estrada, especialmente en las funciones relacionadas con su cargo, lo que llevó a la firma a retirarla de algunas tareas con el fin de prevenir riesgos en las operaciones mineras. La empresa solicitó además los documentos originales que acreditaran su formación académica; sin embargo, ella renunció antes de entregarlos. Jaime Alberto Higuita, representante legal de la compañía, declaró que Estrada había entregado un acta de grado y copias de documentos sobre su formación, pero que, reiteradamente, solicitó la presentación del título universitario correspondiente sin que este fuera entregado.
Por su parte, la firma aseguró haber emitido una certificación laboral por los servicios prestados, pero aclaró que dicha constancia no validaba los títulos ni la experiencia académica informada. Además, los documentos aparentemente emitidos por la Universidad de Antioquia fueron utilizados por la congresista para otros fines laborales en empresas privadas. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, por su parte, certificó que Estrada no concluyó el bachillerato y que en 2017 figuraba como repitiente de octavo grado.
Implicaciones en el proceso legal y cuestionamientos a su formación académica
El caso de la congresista generó controversia pública cuando, en 2025, intentó justificar en la DIAN documentos académicos que posteriormente fueron desacreditados por varias instituciones. La Universidad Nacional de Medellín y la Universidad de Antioquia negaron haber expedido títulos o certificados a su nombre. El secretario general de la Universidad Nacional, Édgar Cortés Reyes, afirmó que en octubre de 2025 el Colegio Nacional de Ingenieros solicitó verificar su diploma de ingeniería de minas, pero tras revisar sus bases de datos, la institución concluyó que tal título no había sido expedido.
Asimismo, los registros en el colegio de ingenieros y en otras instituciones educativas revelaron que Estrada no terminaba sus estudios de bachillerato en el colegio Juan Pablo Gómez Ochoa y que, en 2017, figuraba como estudiante repitiente de octavo grado. Los documentos del supuesto título de ingeniería, así como los certificados de grado, tampoco corresponden a registros oficiales, según las instituciones consultadas. La Universidad de Antioquia, por su parte, afirmó que nunca ofreció un programa de ingeniería de minas y que los documentos atribuidos a dicha universidad no fueron expedidos por ella.Reacciones y consecuencias jurídicas
El exdirector de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, declaró que actuó de buena fe al aceptar los soportes presentados por Estrada y afirmó que desconocía las irregularidades en los títulos y documentos académicos relacionados. Sin embargo, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Procuraduría General de la Nación iniciaron investigaciones oficiales por presunta falsificación de documentos. La Corte ha reportado al menos cinco denuncias en su contra por estos hechos, mientras que la Procuraduría ha ordenado indagaciones disciplinarias.
Además, miembros del Congreso, incluidos colegas del Pacto Histórico, han solicitado la renuncia de Estrada a su curul ante las pruebas de posibles irregularidades en su formación académica y experiencia laboral. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería negó a la legisladora la matrícula profesional y la denunció ante la Fiscalía, debido a las dudas sobre la autenticidad de los títulos y certificados presentados.
En respuesta a estos hechos, Estrada figura como coautora de un proyecto de ley impulsado por María Fernanda Carrascal que busca establecer mecanismos de consulta pública sobre la validez de títulos académicos. La situación ha puesto en entredicho su credibilidad y ha generado un debate sobre las credenciales de algunos representantes y la necesidad de fortalecer los controles en la expedición y verificación de certificados académicos en el país.





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