La tercera audiencia del juicio oral contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera dejó testimonios de alto impacto sobre la prolongada permanencia de Víctor Hernández en el Hospital Policial, una internación que acumuló 1.252 días y un costo estimado superior a los $ 5 millones, en medio de tensos cruces entre la defensa, los testigos, la Fiscalía y el juez Alejandro Asteggiante.
La Fiscalía de Delitos Económicos de 2do Turno acusa a Carrera por fraude y utilización indebida de información privilegiada y solicita cuatro años de penitenciaría, en una causa que sigue bajo la órbita del magistrado de Crimen Organizado mientras el proceso suma chispazos en cada jornada.
Antecedentes: la habitación convertida en casa y el juicio civil previo
Una de las declaraciones más llamativas fue la de la psiquiatra del Hospital Policial —integrante del centro desde 2008—, quien relató que evaluó a Hernández en su cuarto al año de ingresar, a pedido de un médico internista. Según contó, el paciente no mostraba ansiedad ni angustia y había armado un entorno alejado de la lógica de una sala hospitalaria, «más cercano al confort de quien habita un lugar desde hace tiempo», con una bandera de Danubio detrás de las camas, canastas con frutas, equipos de audio y, según sumó la exsubdirectora técnica Dahiana Farto, también plantas.
La especialista sostuvo que en ese momento entendió que la permanencia allí no resultaba adecuada porque «obturaba su desarrollo psicosocial», aunque reconoció que el alta era compleja por la rehabilitación y aclaró que las internaciones largas no son habituales en un hospital de agudos, además de que no existía historia clínica electrónica para saber de inmediato si el paciente era usuario. Antes de las declaraciones, se leyeron en sala las sentencias de primera, segunda y tercera instancia del juicio civil en el que Hernández y su familia perdieron contra el Estado: la Justicia descartó responsabilidad estatal por el disparo de 2012 en La Paloma, pero calificó la asistencia posterior del ministerio como «irregular» y «claramente indebida».
Más de $ 5 millones, el alta a distancia y los cruces en sala
Dahiana Farto —quien trabajó en el hospital desde 2003, fue directora de Enfermería en 2013 y ocupó cargos de subdirección técnica en el centro y en Sanidad Policial— detalló que el informe del 6 de mayo de 2022 elaborado junto a Julio Rappa contabilizó 1.252 días de internación por un gasto estimado de poco más de $ 5 millones, contemplando cirugías oftalmológicas, estudios, interconsultas, fármacos, una férula y un almohadón neumático.
Farto señaló que Hernández carecía de derechos asistenciales, llegó derivado desde el Hospital de Clínicas para fisiatría dos veces por día y que la última autorización especial figuraba hasta el 20 de marzo de 2016, mientras que su alta en enero de 2017 se dio a la distancia —algo calificado como «poco habitual» tanto por ella como por Rappa—. Durante el contraexamen de los defensores Juan Manuel González Rossi y Eduardo Decia, se discutieron salidas, conductas impropias y atenciones a civiles o jerarcas, lo que derivó en un freno del juez Asteggiante ante la insistencia defensiva sobre un convenio de venta de servicios por una cirugía del hermano de Farto, y en la réplica de Decia sobre los cinco años de proceso de su defendido.
Impacto regional: controles sanitarios y uso de recursos públicos
El caso vuelve a poner bajo lupa una discusión recurrente en Uruguay y en distintos países de América Latina: el control riguroso de las prestaciones en centros de salud estatales o de regímenes especiales, la trazabilidad de autorizaciones excepcionales y la rendición de cuentas cuando se administran recursos públicos o fondos específicos de los trabajadores.
Para las instituciones sanitarias de la región, la existencia de registros claros, criterios homogéneos y auditorías oportunas resulta clave para evitar zonas grises administrativas que luego terminan judicializadas años después.
Declaraciones y pericia informática en el juicio
El exdirector técnico del Hospital Policial y exdirector nacional de Sanidad Policial, Julio Rappa —con trayectoria desde 1991—, explicó que a los policías se les descuenta el 4% de su sueldo y que destinar recursos a personas sin derecho asistencial desbalancea la gestión, aunque admitió que existen «situaciones interpretativas». También recordó pedidos de informes durante su gestión por la atención sin derechos asistenciales de Eduardo Bonomi, su esposa y Luis Calabria, señaló que no recuerda otra denuncia penal del Ministerio del Interior por uso indebido del nosocomio y evitó calificar como arbitrario el ingreso inicial por no haber estado allí.
La jornada había comenzado con el testimonio de un suboficial mayor del Laboratorio de Análisis Informático de la Policía, quien explicó que, por pedido de Asuntos Internos en una causa por «abuso de funciones», aplicó hasheo —una huella digital informática que cambia ante cualquier modificación— para comprobar la integridad y trazabilidad de un archivo en un pendrive, sin conocer su contenido.
Lo que sigue en el proceso oral
Con las audiencias en marcha ante el juez Alejandro Asteggiante, cada testimonio aporta matices técnicos, administrativos y humanos sobre cómo funcionaron los controles internos y las excepciones asistenciales durante el período investigado.
En las próximas jornadas, el peso de la prueba documental y testimonial irá definiendo cómo se articulan los hechos relatados en sala con la acusación fiscal por fraude y uso indebido de información privilegiada.





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