Las comunidades autónomas proyectan un déficit del 0,4% del PIB para 2026, cuatro veces más alto que las estimaciones oficiales
Las comunidades autónomas cerrarán el ejercicio 2026 con un déficit del 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra que duplica el pronóstico inicial del Gobierno y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que situaron el déficit en el 0,1%. Estas estimaciones han sido publicadas este viernes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Incremento del gasto público y crecimiento de ingresos, principales causas del desfase
Según el nuevo informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz y Carmen Marín, todos vinculados a Fedea, esta desviación se deberá a un fuerte crecimiento en los ingresos autonómicos y a una expansión significativa del gasto público.
Aunque el déficit proyectado para 2026 es similar al registrado al cierre de 2025, que fue del 0,4% del PIB, los autores advierten que si otros subsectores mantienen las proyecciones de la AIReF, cuyo escenario presupone un déficit conjunto de las Administraciones Públicas del 2,8% con un déficit autonómico del 0,1%, la cifra total superaría el 3% del PIB.
Detalles de la ejecución presupuestaria hasta julio de 2026 y proyecciones futuras
El informe se basa en los datos de ejecución publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hasta julio de 2026, momento en el cual las regiones registraron un saldo negativo en Contabilidad Nacional de 429 millones de euros, lo que representa un 0,02% del PIB, ligeramente mejor que en julio de 2025, cuando fue de 1.668 millones de euros, equivalente al 0,10%.
Hasta esa fecha, los ingresos no financieros aumentaron un 6,6%, alcanzando los 10.235 millones de euros, impulsados principalmente por los recursos del sistema de financiación autonómica. Por otro lado, los gastos no financieros crecieron un 5,7%, sumando 8.996 millones y superando la tasa de referencia del 3,5% establecida por la regla de gasto. La mayor parte del incremento en gastos se ha centrado en partidas de consumo público, como remuneraciones de asalariados (7,1%), consumos intermedios (4,9%) y transferencias sociales en especie (5,3%), además de intereses, que aumentaron un 9,8%.
Los autores del estudio indican que, si las regiones hubieran mantenido un gasto moderado acorde a la regla del 3,5%, el saldo al cierre de 2026 habría presentado un ligero superávit del 0,1% del PIB.
Heterogeneidad territorial y previsiones de saldo fiscal
Las previsiones anticipan que, en el período de agosto a diciembre de 2026, las comunidades autónomas experimentarán un aumento en los ingresos de aproximadamente 5.457 millones de euros (0,3% del PIB), principalmente debido a mayores entregas a cuenta y a efectos derivados de la evolución del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD) y, en Canarias, del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), cuya recaudación se mantiene a la baja.
Por el lado del gasto, se prevé un aumento de 6.544 millones de euros (0,4%), resultado que refleja un incremento en los gastos corrientes y los intereses, la eliminación del efecto de la subida salarial retroactiva contabilizada en diciembre de 2025 y operaciones extraordinarias que afectan a regiones como Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura.
En términos territoriales, las previsiones muestran una notable heterogeneidad. Nueve comunidades cerrarán 2026 con déficit, encabezadas por la Comunidad Valenciana, que se verá afectada por el impacto de las lluvias torrenciales de DANA, con un saldo negativo del 1,8% del PIB, así como Murcia con un -1,6%. Otras regiones con déficit incluyen Cataluña, País Vasco, Canarias, La Rioja, Andalucía, Aragón y la Comunidad de Madrid. En contraste, ocho comunidades autónomas cerrarán con superávit, destacando Navarra con un saldo positivo del 2,3%, seguida por Galicia, Asturias, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares.
Por último, los expertos subrayan la necesidad de que las comunidades autónomas participen en un proceso de consolidación fiscal adaptado a las nuevas reglas europeas, mediante una gestión más rigurosa, la racionalización de políticas y una disciplina del gasto más estricta. Apuntan que, si bien la mejora en los ingresos puede colaborar, no es suficiente por sí sola para garantizar la salud fiscal de las regiones.





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