La segunda audiencia del juicio oral contra el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior y exsenador Charles Carrera dejó al descubierto una trama cargada de tensiones políticas, versiones encontradas y contradicciones institucionales. Ante el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante, la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas y el equipo defensor encabezado por Juan Manuel González, desfilaron exautoridades y asesores legales de la cartera para reconstruir cómo se autorizó la atención médica y el pago de partidas mensuales a un civil herido de bala en 2012.
El proceso penal investiga presuntas irregularidades administrativas y el uso indebido de recursos públicos luego de que Víctor Hernández —quien quedó paralítico tras recibir un disparo frente a la comisaría de La Paloma— permaneciera internado de manera excepcional durante 1.250 días en el Hospital Policial, un centro reservado exclusivamente para funcionarios policiales y sus familiares directos, además de percibir $ 20.000 mensuales en tickets alimentación provenientes de fondos destinados a canastas navideñas para el personal de menores ingresos.
El origen de las órdenes y las firmas en disputa
Uno de los puntos centrales del interrogatorio giró en torno a quién dio la orden inicial y quién sostuvo los beneficios económicos durante más de tres años. La exdirectora de Asuntos Internos durante la gestión de Eduardo Bonomi, Stella González, declaró que recién en 2022, a raíz de la comisión investigadora parlamentaria, tomó conocimiento de las resoluciones firmadas por Carrera para entregar los tickets alimentación a Hernández.
Ese señalamiento fue respaldado por el exministro Luis Alberto Heber y por la directora del Departamento Contencioso del Ministerio del Interior, Silvia Carbajal. Heber sostuvo ante el tribunal que la directora de Tesorería exigía una autorización expresa todos los meses «para cubrirse en función de que estaba mal hecho» y afirmó que las órdenes que tuvo a la vista llevaban la firma de Carrera. Carbajal agregó un dato administrativo relevante: los tickets salían de una partida destinada a canastas navideñas cuyo tope máximo era de $ 10.000, exactamente la mitad de lo que cobraba Hernández, situación que había generado sorpresa interna.
Sin embargo, el origen exacto de la orden de internación en el Hospital Policial no quedó zanjado. Consultada por la defensa sobre la posibilidad de que la decisión hubiera sido tomada por el propio Bonomi, González respondió que no sabía si el exministro estaba al tanto ni si había encargado pagos a la víctima, aunque reconoció que en una declaración previa en Rocha había sostenido que «la resolución la tomó el ministro», aclarando en audiencia que suponía su conocimiento por su rol jerárquico.
Impacto institucional y control de los fondos públicos en la región
El expediente judicial refleja una problemática recurrente en las administraciones públicas de América Latina: los límites entre la asistencia discrecional ante casos humanitarios complejos y el cumplimiento estricto de las normas que rigen el destino de los recursos estatales. En sistemas institucionales donde los fondos sanitarios y sociales de las fuerzas de seguridad poseen regímenes cerrados, las excepciones administrativas sin respaldo normativo suelen derivar en conflictos legales, auditorías cruzadas y procesos penales cuando cambian los signos políticos de las administraciones.
Además, durante la audiencia quedó expuesto un listado de otros exjerarcas y familiares que hicieron uso irregular del Hospital Policial en distintos períodos y que debieron llegar a acuerdos económicos para reintegrar los costos, entre ellos el propio Carrera, la viuda de Bonomi, Susana Pereira, el exdirector de Comunicación Fernando Gil y el exdirector de Convivencia Santiago González.
El cruce político por la denuncia y la paradoja jurídica
La declaración de Heber aportó el tramo de mayor confrontación política. El exministro relató que en enero de 2022, durante una recorrida por Rocha, el entonces alcalde de La Paloma le pidió audiencia para presentarle a Hernández, con quien conversó «abajo de un árbol» y mantuvo posteriores intercambios por mensajes de celular. Ante los cuestionamientos de la defensa por haber presentado una denuncia penal en julio de 2022 sin aguardar el cierre de la investigación administrativa, Heber replicó: «No éramos socios de tapar nada», asegurando que siguió la recomendación de Jurídica.
No obstante, Silvia Carbajal matizó esa versión al precisar que nunca le indicó textualmente al ministro que radicara la denuncia, sino que informó sobre presuntas irregularidades que ameritaban una investigación administrativa y señaló que, de considerarse suficientemente instruido, el jerarca podía acudir a Fiscalía. La defensa solicitó un careo entre ambos testigos, pero el juez Asteggiante lo desestimó por no estar previsto en el auto de apertura.
En el cierre de la jornada, los abogados Silvia Carbajal y Marcelo Pereira confirmaron una paradoja institucional: mientras el ministerio denunciaba penalmente los hechos como ilícitos, la defensa jurídica del Estado argumentaba en el juicio civil iniciado por Hernández en 2016 que la internación y los tickets se habían otorgado por «razones humanitarias» y de buena fe, estrategia con la cual el Estado evitó una condena millonaria al no probarse el origen policial del disparo.
El desarrollo del juicio oral
Con las declaraciones de los exjerarcas y los asesores legales ya incorporadas al expediente, el juicio oral continuará con nuevas rondas testimoniales y el análisis documental presentado tanto por la Fiscalía de Delitos Económicos como por la defensa del exsenador. El tribunal deberá determinar en las próximas etapas si las autorizaciones firmadas y la permanencia de Hernández en el Hospital Policial configuraron delitos contra la administración pública o si respondieron a decisiones institucionales adoptadas en el marco de un caso complejo ocurrido en 2012.





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