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Escándalo en Cerro Largo: dirigente blanca condenada por estafar a 17 familias

La Justicia condenó en Melo a una referente de la agrupación blanca Pisando Fuerte por estafar a 17 familias con una falsa cooperativa de viviendas.

Fachada de un juzgado penal en Uruguay tras una sentencia por estafa habitacional.
La Justicia de Cerro Largo condenó a una referente política de Melo por estafar a 17 personas con una falsa cooperativa.

La ilusión del techo propio terminó convertida en una pesadilla judicial y en un golpe durísimo para 17 familias trabajadoras de Melo. La Justicia de Cerro Largo condenó a una mujer —referente política de la agrupación del Partido Nacional Pisando Fuerte, sector que militó activamente en las elecciones departamentales respaldando a José Yurramendi— tras comprobarse que montó una maniobra de estafa mediante una supuesta cooperativa de viviendas para personas de bajos recursos.

El fallo judicial expone la crudeza de un engaño que jugó con la necesidad más básica de decenas de vecinos melenses. Durante meses, las víctimas entregaron cuotas mensuales en efectivo y se rompieron el lomo organizando rifas para juntar cada peso destinado al sueño de la casa propia. Sin embargo, los ladrillos jamás aparecieron, las obras nunca arrancaron y, cuando los damnificados exigieron la devolución de su plata, la respuesta fue una rotunda negativa que desencadenó la ola de denuncias penales.

El contraste entre el discurso solidario y la estafa

El caso sacude el tablero político y social de Cerro Largo por la doble cara entre la prédica pública de la ahora condenada y sus acciones detrás de escena. Desde el mismo lanzamiento de la agrupación Pisando Fuerte, la dirigente blanca se había embanderado con la asistencia a los sectores más vulnerables de la capital departamental, utilizando la sensibilidad social como carta de presentación política.

“Queremos un cambio para la sociedad. Haremos políticas para un cambio social, ayudar y buscar ideas para mejorar este departamento”, había proclamado en su discurso inaugural, según consignó Cerro Largo Portal. Aquellas promesas de compromiso comunitario contrastan hoy de forma brutal con la sentencia que la responsabiliza de haber vaciado los bolsillos de 17 familias que confiaron en su palabra y en su supuesta capacidad de gestión para acceder a una vivienda digna.

Un flagelo que golpea a los sectores más vulnerables de la región

Las estafas vinculadas a falsos planes habitacionales y cooperativas fantasma representan una herida abierta tanto en el interior de Uruguay como en distintos países de América Latina. Aprovechándose del déficit habitacional y de las enormes dificultades que enfrentan las familias de bajos ingresos para acceder al crédito formal, operadores inescrupulosos suelen recurrir al prestigio histórico del sistema cooperativo para captar ahorros populares sin respaldo técnico ni financiero real.

Especialistas en derecho penal y en políticas de vivienda advierten que este tipo de delitos provoca un daño doble: por un lado, despoja de sus únicos ahorros a trabajadores informales o familias con ingresos mínimos; por otro, siembra una profunda desconfianza hacia las cooperativas auténticas y solidarias que construyen con esfuerzo y transparencia en todo el territorio uruguayo. Cuando la maniobra además se entrelaza con figuras de la militancia política local, el impacto institucional se multiplica y deja al descubierto la urgencia de mayores controles sobre cualquier entidad que recaude fondos vecinales.

Medidas sustitutivas y prohibición absoluta de manejar fondos

Tras analizar las pruebas y los testimonios de los 17 damnificados, la Justicia dictó una sentencia condenatoria que obliga a la mujer a cumplir con una serie de medidas sustitutivas a la prisión, entre ellas la fijación de domicilio y la realización de tareas de trabajo comunitario.

En el plano patrimonial, el fallo impone la obligación de efectuar una reparación económica a las víctimas por un monto total de 205.100 pesos uruguayos, buscando resarcir al menos una parte del perjuicio sufrido por los vecinos estafados. Además, la resolución judicial establece una restricción tajante para evitar que vuelva a operar bajo la misma modalidad: la mujer tiene terminantemente prohibido solicitar, recibir, recaudar o administrar —ya sea de manera directa o por intermedio de terceros— cualquier tipo de aporte económico destinado a la construcción, promoción o financiación de cooperativas de vivienda.

La necesidad de proteger el ahorro popular en Cerro Largo

La condena cierra la etapa penal del expediente en Melo, pero deja instalada una fuerte indignación entre los vecinos del departamento. Para las 17 familias afectadas, el fallo representa un reconocimiento judicial del engaño padecido, aunque el tiempo perdido y la angustia de haber visto frustrado el proyecto de sus vidas difícilmente se borren con una sentencia.

Hacia adelante, el episodio funciona como una señal de alarma para toda la comunidad de Cerro Largo y del país: la necesidad de exigir personería jurídica, registros oficiales ante los organismos competentes y rendiciones de cuentas transparentes antes de entregar un solo peso para proyectos habitacionales, evitando que el discurso de ayuda social vuelva a ser utilizado como fachada para lucrar con la esperanza de los que menos tienen.

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