A once días de las elecciones para renovar a los representantes sociales en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), el debate sobre las prioridades presupuestales del organismo cobró fuerte intensidad. Desde el movimiento Hay Otro Camino, su integrante Gustavo Bermúdez puso en el centro de la discusión el contraste entre los montos que abona el Estado por concepto de pensiones reparatorias y las pasividades mínimas que perciben miles de trabajadores retirados.
Según recogió La Derecha Diario, Bermúdez planteó públicamente un duro cuestionamiento sobre la equidad del sistema previsional uruguayo: «¿De verdad les parece bien que un tupamaro cobre una pensión más alta que la de un peón rural que trabajó toda la vida?». En esa misma línea, el dirigente respaldó la candidatura de su sector para el orden de los pasivos asegurando que «el único candidato que se anima a decirlo es Renaldo Borriero. Lista 5».

La brecha numérica entre la ley 18.033 y la pasividad mínima
El planteo se apoya en las cifras oficiales vigentes de las prestaciones que administra el organismo previsional. Por un lado se encuentra la Pensión Especial Reparatoria (PER), creada mediante la ley 18.033 en octubre de 2006 para reparar a personas afectadas por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Actualmente, el BPS liquida esta prestación por un valor equivalente a 8,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que representa $ 58.344 mensuales.
En el extremo opuesto se ubica el piso del sistema contributivo. Hasta el mes de julio, la jubilación mínima se situaba en $ 20.935, y tras aplicarse el adicional del 2,5 % abonado en agosto, quienes perciben únicamente la pasividad mínima alcanzan los $ 21.888,61. De acuerdo con los datos manejados en el debate, existen alrededor de 120.000 pasividades en esa franja.
La comparación arroja que la pensión reparatoria equivale a 2,7 jubilaciones mínimas, estableciendo una diferencia mensual de $ 36.455 entre un beneficiario de la ley 18.033 y un jubilado que aportó durante décadas pero quedó ubicado en el escalón más bajo del sistema.
El debate sobre las prioridades del BPS
Desde la agrupación política señalan que la Pensión Especial Reparatoria no se financia con aportes previos de los beneficiarios, sino que constituye una prestación no contributiva erogada por el mismo organismo que argumenta restricciones financieras frente a los reclamos de los pasivos.
Incluso si prosperara el histórico reclamo de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) de elevar la pasividad mínima a 4 BPC —unos $ 27.456—, dicho monto continuaría ubicándose por debajo de la mitad de lo que percibe un beneficiario de la pensión reparatoria. Para Hay Otro Camino, la discusión de fondo que busca instalarse en la campaña pasa por definir qué paga el BPS, a quiénes destina los recursos y bajo qué criterios de prioridad.
El escenario electoral del 22 de noviembre
La controversia se produce en la recta final hacia los comicios del próximo 22 de noviembre, instancia en la que cerca de 2,2 millones de uruguayos —entre trabajadores activos, jubilados, pensionistas y empresarios— están habilitados para elegir a los tres representantes sociales en el Directorio del BPS.
En esta contienda electoral, el movimiento Hay Otro Camino presenta postulaciones en los tres órdenes sociales: Renaldo Borriero compite por jubilados y pensionistas (Lista 5), Lorena Roqueta lo hace por el orden de los trabajadores (Lista 15) y Jorge Fernández Pereyro encabeza la representación por las empresas (Lista 25).





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